Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFMPFN) le recordaron al primer mandatario que la muerte del ex fiscal Alberto Nisman se investiga como presunto homicidio. Asimismo, le pidieron que evite realizar comentarios sobre casos en desarrollo, para cumplir con el artículo 109 de la Constitución Nacional que dice: “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió todas “las expresiones perjudiciales para el sistema republicano que realizaron altos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo”.
El propio fiscal Diego Luciani le dijo a A24.com que “es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”.
El Procurador General interino, Eduardo Casal, recibió a los fiscales Luciani y Sergio Mola para manifestarles su respaldo y coordinar medidas de seguridad. Luego le dijo al presidente a través de una carta que al vincular a los fiscales con “la persecución judicial y mediática” realizó “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones".
Esta secuencia terminó con otra carta de Alberto Fernández a Casal, donde respondió que sus palabras “en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario”. Agregó que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”.
Por otro lado, algunos juristas como Eugenio Zaffaroni y el juez Juan Ramos Padilla, se sumaron al coro que respaldó a la vicepresidenta, a la vez que abonaron la teoría de la persecución política, proponiendo como única solución el indulto presidencial. Esta idea se desactivó cuando la ex presidenta advirtió que no quería indulto sino justicia.
Así transcurrió la semana, hasta que esté sábado se concretó la movilización nacional impulsada por el Frente de Todos. La convocatoria sufrió una modificación de último momento, como consecuencia del malestar que produjo la decisión del gobierno porteño de colocar un vallado en los alrededores del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, donde hace 7 días hay una guardia permanente de militancia.
La portavoz Gabriela Cerrutti publicó un tweet en el que anunció que “se suspende el acto en Parque Lezama. Las vallas de Horacio Rodríguez Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina Kirchner. Todos a la plaza de Juncal y Paraná. Todos con Cristina. Basta de persecución mediática y judicial”.
Según informó el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, cerraron el perímetro de las calles Juncal y Uruguay, en respuesta al reclamo de los vecinos “que necesitan vivir con tranquilidad”.
Esta decisión despertó el malestar de un grupo de manifestantes que derribó el vallado. La situación se descontroló y la policía porteña respondió con los camiones hidrantes y gases lacrimógenos e hidrantes, hasta que terminó replegándose.
En 3 semanas será el alegato de Cristina Kirchner
El juicio Vialidad se mantuvo en la escena pública por el alboroto que provocó el pedido de condena para Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los acusados. Sin embargo, las audiencias en Tribunales están pausadas hasta el 5 de septiembre, cuando comiencen los alegatos de las defensas. El turno de la ex presidenta será en 3 semanas. El dato surgió en las últimas horas, después de que el Tribunal Oral Federal 2 ratificó el cronograma de alegatos.
Aclaró que independientemente de la cantidad de días que insuma a cada una de las partes (de las tres jornadas asignadas como límite máximo), “en la audiencia inmediatamente posterior a cada finalización se le dará la palabra a la defensa que continúe en el orden indicado". A todo esto, hizo saber que algunos abogados anticiparon que se tomarán una única jornada para hacer su exposición.
La agenda de alegatos sería la siguiente: 5/9 Héctor Garro, exjefe de distrito de Vialidad provincial; 6/9 el exjefe de Vialidad Distrito de Santa Cruz, Mauricio Collareda; 9/9 Raúl Daruich, exjefe de Vialidad Distrito de Santa Cruz; 12 y 13/9 Julio De Vido, exministro de Planificación; 16/9 Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas.
De este modo, el alegato de la defensa técnica de Cristina Fernández comenzaría el lunes 19/9. Estará a cargo Carlos Beraldi, quien aún no confirmó cuantas audiencias tiene previsto utilizar.
El siguiente será el empresario Lázaro Báez, que usaría 2 jornadas. Según el orden dispuesto, continuarán las defensas del ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de Vialidad en Río Gallegos, Raúl Pavesi; el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y finalmente los ex funcionarios santacruceños, José Santibáñez y Juan Villafañe.
Si no hay sorpresas, el veredicto se conocerá entre octubre y noviembre de este año. Antes, Cristina Kirchner y el resto de los imputados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el TOF 2.
Recordemos que la vicepresidenta fracasó en su intento de ampliar su declaración indagatoria tras escuchar el alegato acusatorio de los fiscales Luciani y Mola. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu le recordaron que según el Código Procesal su pedido era extemporáneo. Esa fue la razón por la que Cristina realizó su defensa pública en redes sociales desde el Congreso, a pesar de que no tiene ningún valor jurídico.
