El artículo 393 dice que “terminada la recepción de las pruebas, el presidente (del Tribunal) concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas”. Agrega que “el ministerio fiscal, la parte querellante y el defensor del imputado podrán replicar, correspondiendo al tercero la última palabra”.
En este sentido se pronunció el TOF 2, basándose en que al final del debate “el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar”, y le hizo saber a Cristina Kirchner que en ese momento podrá hacer su descargo.
Pero la vicepresidenta redobló la apuesta y anunció que este martes a las 11, a través de sus redes sociales, va a “demostrar justamente, porque me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.
Advirtió que “no está ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.
Por su lado, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, anticipó que apelará esa decisión, aunque no logró evitar que la próxima audiencia de juicio sea el 5 de septiembre a las 8.30 horas, para que la defensa del ex funcionario Hector Garro inicie su alegato.
Solidaridad y rechazo
Las reacciones políticas a favor o en contra del alegato del fiscal no tardaron en llegar. Uno de ellos fue el del presidente Alberto Fernández a través de un comunicado oficial de su gobierno. Presentó ese mensaje indicando: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".
No tardó en aparecer un tweet del acusado Julio De Vido. Citó el comunicado del gobierno y escribió: “Señor presidente, su nota es extemporánea, si fuera cierto lo que usted manifiesta nunca hubiera designado a Marcela Losardo como Ministra de Justicia, su nota es como el título del libro de Soriano: triste, solitaria y final”.
Recordemos que durante su alegato final, Luciani acusó al presidente Alberto Fernández de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo. Señaló que al día siguiente de la detención de José López con los bolsos en el Convento, había criticado esa acción, pero cuando llegó como testigo al juicio oral cambió de opinión.
Por ese suceso, Luciani enfatizó “no hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz".
Finalmente la Asociación de Fiscales salió a respaldar a Diego Luciani y Sergio Mola. Sostuvieron que están preocupados porque los dichos del presidente Alberto Fernández porque entienden que estos cuestionamientos “vertidos en redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo, no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia”.
¿Cuál es el petitorio de la fiscalía?
El fiscal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años e inhabilitación como jefa de una asociación ilícita agravada, y administración fraudulenta agravada.
Para el empresario Lázaro Báez, solicitó 12 años por ser autor de asociación ilícita en calidad de organizador y partícipe primario administración fraudulenta agravada.
Para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de obras públicas, José López, y, el ex director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, requirió 10 años como organizadores de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Luego pidió 6 años para los ex jefes de Distrito Santa Cruz de la Dirección de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, el ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe. En tanto, para otro titular de Vialidad provincial, Raúl Pavesi, pidió 5 años.
Para el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, 4 años; para el presidente de Vialidad Santa Cruz, Hector Garro, 3 años; y finalmente para el primo de Néstor Kirchner y ex subsecretario de coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, solicitó 2 años en suspenso; para todos por administración fraudulenta.
Previo a plantear su requerimiento de condenas ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, el fiscal Luciani reclamó el decomiso de unos 5.321 millones de pesos o casi 1000 millones de dólares, para ser destinados a instituciones de bien público.
En Comodoro Py el ambiente estuvo muy tranquilo, más allá del protagonismo que ejerce este juicio en la opinión pública. En la calle había una pequeña manifestación del grupo denominado “Equipo Republicano”, que concentró a una veintena de hombres y mujeres que, en este caso, expresaron que preferirían la condena perpetua para la vicepresidenta.
En cuanto a las marchas a favor de Cristina Fernández, la semana pasada militantes de la Agrupación Peronista 13 de abril extendieron una bandera que decía “con Cristina no se jode”. Esta vez se ausentaron, y le dijeron a A24.com que la recomendación que recibieron fue no regresar hasta el dia del alegato de la defensa.
