Luego del escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó el anuncio en conferencia de prensa. Destacó la sanción de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal: "Son las más importantes de la historia argentina reciente".
Luego del escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció este martes que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
La decisión fue anunciada por Manuel Adorni en conferencia de prensa, tras el escándalo que involucró a la conducción del organismo en presuntas irregularidades con contrataciones y licitaciones.
"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", informó el funcionario nacional. Dicho ministerio está a cargo de Mario Iván Lugones.
Según lo informado, el traspaso busca “transparentar” la gestión y centralizar el control administrativo en la cartera sanitaria, que conducirá las políticas vinculadas a la discapacidad y la atención de beneficiarios.
Sin embargo, Adorni enumeró las irregularidades en torno a ANDIS, "toneladas" de capas burocráticas, "descontrol" administrativos y manejos "incompatibles" con una administración transparente. En ese marco, puso como ejemplo a personas que continuaron cobrando la pensión por discapacidad de su familiar fallecido, entre otras irregularidades.
"Las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó Adorni, en referencia a la futura administración por parte de la cartera que preside Mario Lugones.
El jefe de ministros también remarcó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
"Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo", afirmó. Y reiteró que la decisión no implicará "que se corte absolutamente ninguna prestación".
El 4 de diciembre, la Cámara Federal de Comodoro Py ordenó que el juez Sebastián Casanello profundice la investigación sobre el origen y la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, material que dio impulso a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La decisión fue adoptada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah, al revocar la resolución del Juzgado Federal Nº 11 que había rechazado los planteos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Kovalivker y del propio Spagnuolo.
El tribunal remarcó que el expediente comenzó con una denuncia basada en trascendidos periodísticos, pero aún no existe certeza sobre cómo se obtuvieron las grabaciones ni sobre su integridad. Los camaristas señalaron que tampoco está determinado si los audios pudieron haber sido manipulados, editados o incluso generados de manera parcial o total mediante inteligencia artificial.
En ese contexto, la Cámara aceptó el planteo de la defensa de Spagnuolo, que había advertido que las grabaciones constituían una "prueba violatoria de los derechos y garantías constitucionales" porque podrían haber sido obtenidas de manera subrepticia, y pudiendo haber sido "falsos, adulterado u obtenidos sin consentimiento del interlocutor".