La Justicia Penal Nacional tiene un expediente por "robo", pero el grupo que ingresó a la sede partidaria "no se llevó ni una lapicera". Lento avance en la otra causa, por "daños y allanamiento de morada". Investigadores confían en la identificación y eventual detención de los invasores.
El extraño episodio ocurrido durante el pasado fin de semana en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Ciudad de Buenos Aires derivó en dos causas judiciales, pero una de ellas podría cerrarse rápidamente porque el delito denunciado no ocurrió.
Durante la madrugada del sábado, un grupo de al menos cuatro personas, a cara descubierta, ingresó en la sede partidaria de la UCR situada en la calle Alsina 1786 a través de un edificio contiguo. Los invasores revolvieron papeles, forzaron la cerradura de mobiliarios y causaron algunos daños, pero "no se llevaron ni siquiera una lapicera", describieron a A24.com fuentes partidarias.
Tampoco accedieron al contenido de las computadoras, ni se las llevaron pese a que había varias netbooks que cabían sin mayor dificultad en una mochila o un bolso pequeño. Por el hecho ya hay 3 detenidos: son un grupo de chilenos que fueron atrapados en Villa Domínico.
La UCR, institucionalmente, formuló la denuncia policial, pero hasta anoche no había certezas de que se hubiera constituido como querellante. El presidente del partido, Martín Lousteau, se encuentra fuera del país pero sus colaboradores afirman que está "permanentemente informado de lo que pasó y lo que sigue pasando".
En ese contexto, definen la intromisión de desconocidos en el Comité Central como "una apretada" y descartan que estuvieran buscando alguna documentación específica: "Acá no hay nada importante; sólo papeles del partido, actas de reuniones, todo muy aburrido, nada relevante como para un operativo de este tipo".
Sobre la investigación, un primer expediente tramita en la órbita del Ministerio Público de la Ciudad por las presuntas figuras de "daño" y "allanamiento de morada". Hay un segundo expediente, que tramita por ahora ante la Justicia Penal de Instrucción, por el delito de "robo".
Desde la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viene desarrollando un lentísimo y farragoso proceso de transferencia competencias sobre delitos desde la Justicia Nacional al fuero Penal, Contravencional y de Faltas de CABA. "Daño" y "allanamiento de morada" pasaron a la órbita local, pero el robo sigue estando en la jurisdicción nacional, lo que genera que una misma secuencia fáctica se divida en dos investigaciones simultáneas y hasta paralelas.
Esa coexistencia, que a menudo complica y obstaculiza el esclarecimiento de una secuencia delictiva, se solucionará –en este caso específico- rápidamente en las próximas horas: tras constatar que no hubo "robo", la Justicia Penal nacional tiene la posibilidad de cerrar su investigación por inexistencia de delito o bien declinar la competencia para que siga interviniendo sólo el Poder Judicial de CABA por el resto de las hipótesis.
El martes circuló la posibilidad de que todas las investigaciones confluyeran en el fuero federal porteño por una multiplicidad de razones: la hipótesis de participación de algún integrante de una fuerza de seguridad o una agencia de inteligencia, la teoría del espionaje a una fuerza política de alcance nacional y la adulteración de un sistema informático, correos electrónicos y otro tipo de datos privados y confidenciales de un senador nacional, tal el caso de Lousteau, cuyo despacho fue uno de los objetivos de los invasores.
Nada de ello ocurrió. La investigación principal sigue tramitando en CABA.
De hecho, entre lunes y martes efectivos de la Policía de la Ciudad estuvieron en la sede de la UCR realizando peritajes de todo tipo por disposición del titular de la Unidad de Flagrancia Este, fiscal Federico Tropea, y de la fiscalía general a cargo de Javier Martín López Zavaleta.
Fuentes cercanas a la investigación deslizaron su optimismo en la identificación y eventual detención de los responsables de la invasión a la sede del Comité Central de la UCR. Para ello, se insinúa como fundamental la utilización del sistema de reconocimiento de datos biométricos, del que dispone la Ciudad, pero que está atrapado en un añejo conflicto judicial por su supuesta utilización no ya para la detección y detención de prófugos sino como presunta herramienta de espionaje e invasión de la privacidad.
El sistema de datos biométricos debía buscar a unos 40 mil prófugos, pero según un expediente judicial fue utilizado para detectar los movimientos de unos nueve millones de personas, entre ellos dirigentes políticos, sociales, de derechos humanos, religiosos de distintos credos, figuras de la farándula y del deporte.
