La causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner contiene al menos dos legajos reservados que -según revelaron fuentes judiciales- se basan en “versiones de café”. Se trata de testigos que se presentaron espontáneamente ante la justicia para contar lo que pasó en una mesa vecina mientras estaban en un bar.
Una de estas situaciones se registró en la provincia de Córdoba, y la otra en “Casablanca” frente al Congreso Nacional, y tiene como protagonista al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.
En Córdoba, una mujer contó que escuchó a un hombre en un bar mantener una charla telefónica de contenido sospechoso, horas antes del intento de homicidio de la vicepresidenta.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires el ex diputado provincial por Santa Fe, Jorge Abello, afirmó haber oído una conversación en el bar Casablanca, dos días antes del ataque, en la que supuestamente Milman decía “cuando la maten yo estoy en camino a Pinamar”.
Así, surgieron dos hipótesis relacionadas con la presunta autoría intelectual, apoyo logístico o financiero del ataque, que la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti decidió investigar porque su patrón de trabajo es avanzar sin subestimar ninguna línea. Por el momento ninguna de las dos teorías obtuvo resultados positivos.
Sobre el caso de Milman, primero corroboró con las cámaras de la zona que el encuentro en Casablanca se produjo en el día y la hora indicadas por el testigo, y además que el viaje a Pinamar existió. Luego llamó a declarar a las dos empleadas de Milman, quienes al principio no recordaron el encuentro pero cuando vieron los videos lo confirmaron, aunque descartaron haber hablado de un atentado, sino de un viaje.
Con esta desmentida comenzaba a caerse la hipótesis, pero la querella que representa a Cristina Kirchner consideró necesarias más medidas de prueba antes de llegar a esa conclusión, por lo que solicitó el secuestro de los celulares de las colaboradoras de Milman. La jueza rechazó el pedido y finalmente la querella apeló esta decisión argumentando que se trataría de “la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”.
Como sea, Gerardo Milman se enteró de que estaba siendo investigado y se presentó en el juzgado de Capuchetti a través de un escrito diciendo que "jamás hice una afirmación como la que el testigo ha pretendido imponer como salida de mi boca, quién sabe con qué inconfesables fines políticos".
De este modo, Milman está acusando de falso testimonio a Abello, por lo tanto la jueza extrajo el escrito para que lo evalúe otro magistrado. La Cámara Federal, por sorteo, lo derivó al juzgado federal 11, subrogado por Julián Ercolini, para que se encargue de definir si fue real o no, todo lo referido por el legislador santafesino.
La Cámara Federal de Apelaciones dará a conocer en las próximas horas su decisión en cuanto al planteo de las defensas de Agustina Diaz y Gabriel Carrizo, procesados con prisión preventiva como presuntos partícipes necesarios del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la audiencia de apelación, los abogados Gastón Marano y Pedro Molina, solicitaron la falta de mérito y rechazaron la imputación de la jueza Capuchetti porque consideraron que no existen pruebas de que sus defendidos hayan participado de la planificación del ataque.
En relación a los chats telefónicos que Díaz y Carrizo mantuvieron con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, entre otras personas, argumentaron que en el peor de los casos podrían abrir dudas sobre ellos como encubridores en lugar de cómplices. En ese caso, la carga de la posible pena disminuiría, por lo que subsidiariamente pidieron el cambio de calificación.
Los encargados de responder este planteo son los jueces Mariano LLorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Mientras tanto, Carrizo y Díaz cumplen prisión preventiva en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente.
Por su parte, Sabag Montiel y Uliarte desistieron de apelar sus procesamientos como coautores del atentado, y también quedaron alojados en el Complejo Penitenciario de Ezeiza esperando mejorar su situación en la instancia de juicio oral.
En el marco del expediente contra la agrupación Revolución Federal por presunta incitación a la violencia e intimidación pública, el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba, a solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, para seguir investigando cómo se financiaban las protestas. A su vez, en las dos primeras horas del miércoles vence el plazo para que el juez defina la situación procesal de los 4 detenidos.
Mientras tanto, el 1 de noviembre la Cámara Federal de Apelaciones celebrará una audiencia oral para escuchar a los abogados de Sabrina Basile, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Todos están reclamando su excarcelación, o subsidiariamente la libertad morigerada durante el proceso judicial.
A24.com averiguó que sus defensores argumentarán que los delitos que le imputan tiene una pena mínima de tres años y son excarcelables, de modo que una hipotética condena podría ser de ejecución condicional o incluso podrían acordar una probation. Además, fundamentarán porque consideran que no hay riesgos procesales ni de entorpecer la investigación.
Por otro lado, Morel cambió de abogado. Contaba con la representación técnica de Tomás Fraga, pero resolvió sorpresivamente revocarlo, y nombrar a Nilo Medina, quien también militaba en Revolución Federal.
Fraga ya se había ocupado de revisar toda la causa, por lo que es posible que Morel sume a su situación una demanda de 3 millones de pesos por regulación de honorarios.
