Fernanda López Puleio, abogada del ciudadano de origen brasileño, indicó que debería ser declarado inimputable por padecimientos mentales que le impedirían comprender la criminalidad de sus actos.
Fernando Sabag Montiel. (Foto: Reuters)
La banda de los copitos volvió a ocupar la escena en los tribunales de Comodoro Py. Esta vez, con el inicio de los alegatos de clausura por parte de la defensa de Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El proceso, que lleva más de un año en etapa oral, podría estar llegando a su fase final tras semanas de intensos testimonios, peritajes y cobertura mediática.
La audiencia había sido pospuesta una semana antes, pero finalmente se concretó con la intervención de Fernanda López Puleio, defensora oficial del ciudadano de origen brasileño, quien sorprendió al solicitar la absolución de su defendido. Según argumentó, Sabag Montiel debería ser declarado inimputable por padecimientos mentales que le impedirían comprender la criminalidad de sus actos.
“Existe una animosidad que debe eximirse de pena al nombrado y, en función de la ausencia de capacidad de culpabilidad por el trastorno de salud mental evidenciado, consideramos que debe declarárselo inimputable”, expresó la letrada en su extenso alegato, que se prolongó por más de seis horas.
La estrategia de la defensa se apoyó principalmente en los informes psicológicos y psiquiátricos practicados a Sabag Montiel. En ese sentido, López Puleio remarcó las contradicciones entre distintos peritajes: “Nos sorprendió que ni la querella ni la fiscalía comentaran nada sobre la personalidad o la estructura de pensamiento del principal imputado”, lanzó.
Leyó en voz alta el primer informe realizado tras su detención: “En ella figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante”. Acto seguido, cuestionó que, tiempo después, otras dos expertas llegaran a conclusiones opuestas, minimizando la afección mental del acusado.
López Puleio también calificó el juicio como un debate “atípico”, al señalar que “la víctima fue dos veces presidenta y, al momento del hecho, era vicepresidenta”. A su vez, destacó la cantidad y calidad del material probatorio, en referencia a los videos grabados por periodistas y militantes que captaron el momento en que el arma fue gatillada a centímetros del rostro de Cristina Kirchner.
El próximo jueves 25 de septiembre será el turno de Eduardo Chittaro, abogado defensor de Brenda Uliarte, señalada como partícipe necesaria del ataque. Ese mismo día, alegará Gastón Marano, quien representa a Gabriel Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de la banda de los copitos”.
Carrizo fue excarcelado en la última audiencia, luego de que la fiscalía decidiera levantar la acusación en su contra. Su absolución sería inminente y quedaría plasmada en el veredicto final del tribunal.
Una vez concluidos los alegatos, los tres imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces. Solo después de ese paso formal, el tribunal quedará en condiciones de emitir su sentencia, la cual podría conocerse entre finales de septiembre y la primera semana de octubre.
Durante la etapa previa, la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, solicitó 15 años de prisión para Sabag Montiel, a quien acusó de ser autor del delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, con violencia de género y violencia política, en grado de tentativa, y mediante el uso de un arma de fuego”.
Sin embargo, la fiscal pidió además que la condena se unifique con una pena previa de 4 años que el acusado tenía por distribución de material pornográfico infantil, lo que elevaría la sentencia total a 19 años de cárcel.
En el caso de Brenda Uliarte, Baigún la consideró partícipe necesaria del mismo delito, y reclamó 14 años de prisión. Para Carrizo, como ya fue mencionado, se retiró la acusación formal.
Por su parte, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner también pidieron 15 años de prisión tanto para Sabag Montiel como para Uliarte, pero con una diferencia clave: los consideran coautores del delito, es decir, que actuaron con igual grado de responsabilidad. En línea con la fiscalía, solicitaron la absolución de Carrizo.
Durante su exposición, el abogado Juan Manuel Ubeira sostuvo que no había elementos suficientes para condenar a Carrizo, y marcó distancia con la forma en que se construyeron causas contra su clienta: “Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa en su contra. No somos lo mismo”, afirmó.
A su vez, Marcos Aldazabal, también integrante del equipo legal de Kirchner, puso énfasis en la dimensión política y de género del atentado: “No solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”, señaló. Y agregó que el hecho debe analizarse como parte de una “cultura de odio” que habilitó a que “dos jóvenes decidieran llevar adelante semejante acto”.
Aldazabal fue enfático al sostener que está “acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma”. “Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de personas que estaban ese día y escucharon el gatillo, vieron su mirada de odio, lo vieron con el arma en la mano y el brazo extendido. También está el testimonio donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas de que él es el ejecutor”, sentenció.
Sobre Uliarte, afirmó que fue coautora y planificadora. “Portó un arma de similares características meses antes del atentado. Fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora”, remarcó.
Las próximas audiencias serán decisivas para definir no solo la suerte judicial de los acusados, sino también para dejar asentado un precedente político y social en un país que sigue con atención cada paso de este caso.