La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el atentado a Cristina Kichner.
Los motivos de los procesamientos de Agustina Díaz y el líder de los “Copitos”
En su resolución, según precisó la agencia Télam, la jueza Capuchetti consideró que "los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz".
La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa" y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno.
En ese sentido, señaló que "quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado".
Para la magistrada, el plan delictivo tuvo "su inicio el día 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración `25037´ en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado".
Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.
Al referirse a Díaz, la jueza sostuvo que "brindó su cooperación con posterioridad al hecho, a partir de la promesa anterior, dando consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer, a fin de que dicho plan no quede al descubierto".
En esta causa ya estaban procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio Sabag Montiel y su pareja "Ambar" Uliarte, que lo acompañó aquella noche hasta Juncal y Uruguay.
La magistrada reveló en su resolución que entre las medidas que aún se encuentran en curso está la "extracción del contenido del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel que a la fecha se encuentra en pleno curso por parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y cuyo resultado puede desembocar en nuevas imputaciones y la determinación de cursos de investigación hasta ahora no abordados".