El gobernador bonaerense presentó un nuevo recurso judicial ante el máximo tribunal para acelerar la resolución de la deuda que reclama a la Nación por más de $12 billones.
El gobernador Kicillof reclama fondos provinciales a la administración del presidente Javier Milei. (Foto: archivo).
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este martes un pedido ante la Corte Suprema para que se expida sobre el reclamo que mantiene con la administración de Javier Milei por fondos previsionales que, denuncia, le adeuda a la administración bonaerense.
Lo hizo a través de una presentación de la Fiscalía de Estado bonaerense que le reclamó al máximo tribual se pronuncie sobre la causa 661, iniciada el 26 de abril de 2024 por el Estado provincial. "Solicito a V.E. tenga a bien expedirse sobre su competencia para entender en la presente causa", exhortó.
Además, se solicitó que se "se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria" en función, de lo que consideró, "la apremiante situación económica oportunamente descripta en la demanda, y a los intereses públicos comprometidos de índole previsional en juego".
Como argumento, se solicitó se tenga en cuenta fallos de la Corte en la materia a favor de Córdoba y Santa Fe sobre litigios entre provincia y nación.
En la habitual conferencia de prensa, que todos los lunes brinda el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el funcionario confirmó que el planteo judicial tiene como objetivo acelerar una causa iniciada en abril de 2024, ante la falta de avances frente a presentaciones similares realizadas por otras provincias. "Se han producido movimientos en causas de Córdoba y Santa Fe, pero no en la de Buenos Aires", afirmó ayer.
El reclamo formal que encabeza Axel Kicillof apunta a una cifra impactante: $12,1 billones, según el informe técnico elaborado por el Ministerio de Gobierno bonaerense con datos actualizados a junio de 2025.
El documento desglosa la deuda en tres grandes rubros:
$3 billones por transferencias directas incumplidas, como aportes previsionales de ANSES, compensaciones fiscales y fondos para salud, educación y programas sociales.
$6,9 billones por obras públicas paralizadas o sin financiamiento, incluyendo planes de vivienda, infraestructura hospitalaria y convenios con universidades y municipios.
$2,2 billones estimados por la interrupción o demora de programas nacionales, como el FONID, el Programa Remediar, Potenciar Trabajo y asistencia alimentaria a comedores.
