Las necesidades son demasiadas: el Gobierno fijó hace dos semanas en el decreto 332 que se les compensaría un salario mínimo, o parte de él, a distintas escalas de empresas de menos de 100 trabajadores. Las de mayor dotación debían gestionar el Repro. Alberto Fernández decidió ampliar la ayuda: se pagará el 50% de los sueldos (no menos de un salario mínimo y no más de dos) a todas las empresas, de cualquier tamaño. Un poco por necesidad y otro poco para dar señales de conciliación y desdecirse, sin hacerlo explícito, de aquel exabrupto de “miserables” contra algunos grandes empresarios que molestó, en rigor, a todos. Todo esto será para los sueldos de abril. Pero podría extenderse a mayo. La pandemia y el virus irán marcando el ritmo de las medidas económicas.
Todavía, el Presidente no saldó su pelea con los bancos. Aquel anunció de créditos al 24% para pagar los sueldos de marzo dejó un sabor amargo en Alberto Fernández. Desde su entorno le pasan todavía facturas al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por no convencer a los bancos de que le presten dinero a las Pymes insolventes, pese a que el Gobierno dispuso un Fondo de Garantía para auxiliar a los que no pagaran. “¿Para quién trabaja, para el Gobierno o para los bancos”, dicen en el algunos sectores del albertismo.
En ese marco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó el jueves último la oferta de renegociación de la deuda de 68.000 millones de dólares con una quita del 62% de los intereses. El mercado reaccionó positivamente el viernes, pero los principales fondos acreedores anticiparon el rechazo a la propuesta. Esperan que haya “un endulzante”. En la Casa Rosada dijeron que esta oferta no fue un “tómalo o déjalo”. Las fuentes cercanas a Alberto aseguraron a A24.com: “Habra negociaciones y muchos corcoveos de ambas partes”. No tiene más de un mes. Queda la sensación de que hay margen para una mejora.
Lo cierto es que el Presidente tiene la voluntad de cerrar un acuerdo con los acreedores y no de entrar en default. Lo mismo su ministro Martín Guzmán. Por un error en la comunicación, el Presidente dijo que la Argentina estaba “en default virtual”. Se refería a la prórroga de los bonos en la época de Mauricio Macri y a la postergación días anteriores de un bono en dólares con legislación local. Pero la referencia a un default hizo temblar a muchos.
Para transitar el camino escarpado que lo espera, el jefe del Estado se armó un blindaje político, con señales hacia todos los sectores: en primer lugar, cerró filas dentro del Frente de Todos con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el diputado Máximo Kirchner. Tras la foto de la semana última, Alberto apoyó públicamente la sanción de la ley del Impuesto Patria a las grandes fortunas. También lo respaldó Guzmán. Cristina tiene especial devoción por el discípulo de Joseph Stiglitz.
Dicen que estima recaudar 2400 millones de dólares, unos 160 mil millones de pesos. Sin embargo, según tributaristas de prestigio, como César Litvin, ese nuevo impuesto excepcional podría ser impugnado en los tribunales por representar una doble imposición –se superpone con el de Bienes Personales- y por ser confiscatorio. Se lo podría considerar un avance sobre la propiedad privada. El Presidente lo considera necesario, según confío el fin de semana, porque le ayudaría a sostener el enorme gasto fiscal sin recurrir a una emisión monetaria desenfrenada que, según dijo, “es pan para hoy y hambre para mañana”. Curiosamente, economistas ortodoxos como Carlos Melconian aconsejan la emisión.
También Alberto Fernández le envió señales conciliadoras a la oposición. El viernes por la tarde reunió a todos los jefes de bloque de diputados de la oposición, tanto los de Cambiemos, los de Consenso Federal, los bloques provinciales y la izquierda.
Escuchó las propuestas de todos y respondió a cada uno. Todos reclamaron más medidas económicas para los sectores que no habían sido atendidos.
Por otra parte, en esa teleconferencia con los opositores, el Presidente admitió la posibilidad de crear un comité de crisis y otro de economía para el seguimiento de la pandemia, entre el oficialismo y la oposición. Y se llevó la propuesta de un diputado para crear un programa de protección integral para todo el personal de la salud.
Alberto Fernández armó su blindaje político para la tormenta. “Hoy no puede prescindir de nadie. Habla con Cambiemos, con Horacio Rodríguez Larreta, con los gobernadores radicales y con los diputados de todo el arco opositor”, señaló un funcionario que conoce las internas del poder. Con esa fortaleza pretende plantarse para el momento en que tenga que anunciar noticias menos agradables.
La cuarentena es estricta, más allá de las once actividades liberadas para todas las provincias desde este fin de semana. Si los infectólogos lo aconsejan, es posible que tenga que ampliarla 7 o 15 días más luego del lunes próximo, 27 de abril, fecha de cierre. “Todas estas alternativas se están analizando. No hay otra alternativa, no nos podemos relajar. Si se escapa la pandemia, un contagio generalizado descontrolaría el sistema de salud”, señalan en la Casa Rosada. Lo mejor de todo el proceso, según Alberto Fernández, es el aplanamiento de la curva de contagios del Covid 19.
El crecimiento diario de contagios ronda el 3,6% en los últimos días y si se toman los últimos diez días fue menor al 60%. En los primeros tiempos, se duplicaban los contagios cada tres días, luego cada diez.
La cantidad de testeos aumentó pero todavía no es suficiente. Ayer llegaron 170.000 test rápidos de China para hacer mediciones epidemiológicas. Las camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes de coronavirus siguen estables: 126. El peor escenario sería para el Presidente malograr lo que viene consiguiendo por una medida de flexibilización a destiempo.