Tras los graves disturbios, el Ministerio de Seguridad acusó a la Policía Bonaerense y a la Aprevide de fallas en el operativo y presentó un listado de exigencias para sancionar a los responsables. También planteó una inquietante denuncia.
Bullrich explotó contra Kicillof tras la violencia en Avellaneda y publicó un duro comunicado
Los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile siguen generando repercusiones políticas y judiciales. Este jueves, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, publicó un comunicado en el que responsabilizó directamente al gobierno bonaerense y a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) por el operativo que no pudo contener la violencia.
Según el parte oficial, lo sucedido constituye “uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino” y expone la “total incompetencia” de las autoridades provinciales.
El comunicado nacional apuntó a varias fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos en distintos sectores del estadio, proyectiles arrojados, deficiencias en las requisas y la ausencia de redes de contención, recomendadas previamente por la Conmebol.
Además, el Ministerio denunció que la Policía Bonaerense recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que habría prolongado los enfrentamientos y agravado la situación. Como saldo de la batalla campal, se registraron al menos 23 personas heridas, dos de ellas en estado grave.
La ministra reforzó la postura del Gobierno nacional a través de su cuenta en X (ex Twitter). “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden”, escribió.
En ese mismo mensaje, acusó directamente al gobernador Axel Kicillof de priorizar intereses políticos sobre la seguridad: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.
Bullrich agregó que el Ejecutivo nacional avanzará en medidas para combatir a las barras bravas “sean de donde sean” y que se presentará en la causa penal.
En el comunicado, la cartera nacional difundió un listado de exigencias concretas que incluyen:
Acciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Identificación de los hinchas involucrados de ambos equipos.
Explicación oficial sobre por qué no se actuó a tiempo.
Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios del país.
Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y de las inmediaciones.
Acciones disciplinarias de Conmebol contra el club visitante y los responsables de la violencia.
Operativo conjunto con Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar a los hinchas en frontera.
Comunicación oficial a la Embajada de Chile con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda.
Nota formal al gobierno chileno para pedir sanciones de ingreso a estadios a los hinchas implicados.
Pedido a Migraciones para la expulsión y prohibición de reingreso de los extranjeros involucrados.
Mientras cuestionó con dureza el desempeño de la Policía Bonaerense, el Ministerio defendió la actuación de las fuerzas federales. Según el comunicado, la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país, el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes al estadio con admisiones y capturas, e incluso se impidió el ingreso de Juan “El Gordo Juani” Lenzicki, líder de la barra de Independiente con restricción vigente.
Con el caso ya en la Justicia, la atención se centra en dos frentes: la investigación penal para identificar responsables y las posibles sanciones de Conmebol tras los disturbios en el Libertadores de América.
El comunicado de Seguridad insiste en que los hechos no deben quedar impunes y que la violencia en el fútbol “no puede estar subordinada a la especulación política ni a intereses electorales”.
