Juan Grabois anunció días atrás que le presentará a Alberto Fernández la idea de llevar adelante una reforma agraria que procuraría expropiar tierras a terratenientes en el país para asegurar, según su propuesta, una justa redistribución de la tierra.
Sostiene Grabois que nadie debería poder tener más de 5000 hectáreas y que la expropiación a los terratenientes persigue "entregárselas en propiedad a los pequeños productores y pagarles a los propietarios el precio de mercado de la tierra a lo largo de 20 años".
El fundamento de su propuesta es "que la tierra sea de quien la trabaja". La propuesta generó, naturalmente, un revuelo y críticas desde su mismo espacio político. Y no es para menos porque allí están los nuevos terratenientes de la Argentina, los que se apoderaron de grandes extensiones de tierras fiscales y estancias con el dinero invertido de la corrupción y el narcotráfico.
Todo esto lo denuncié en 2007 y nunca se pudo siquiera investigar. La fiscal de la causa, Natalia Mercado; su madre y gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se garantizaron la impunidad, que también benefició a Lázaro Báez, Ricardo Etchegaray, Cristóbal López y 50 funcionarios y testaferros que acudieron al festival de saqueo de tierra pública en provecho personal y en detrimento de las arcas públicas.
Los que no pagaron, además, siquiera el precio de mercado y lejos están de trabajar esas extensiones de tierras, que a su vez representan 120 veces la cantidad de hectáreas que ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Tucumán entera o dos veces las Islas Malvinas.
Además, esas tierras públicas contienen, en muchos casos, una riqueza extra inconmensurable en yacimientos de gas, petróleo y oro. De tal modo, le propongo a Grabois que contemple mi propuesta, que consiste en reclamar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio para que los argentinos podamos recuperar esas tierras públicas birladas al Estado con rapacería, las cuales provienen del dinero invertido de la corrupción, el tráfico de influencias, la defraudación a la administración pública con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, las fabulosas coimas y retornos y el narcotráfico.
El clientelismo vip del kirchnerismo fue el que se apoderó de las tierras públicas para sí y para los amigos del poder. Tierras que solo en un pase de manos garantizaron negocios millonarios a la ex presidenta Cristina Kirchner. Allí están los terratenientes malos, Grabois, que hay que perseguir, y no los que trabajan decentemente y sostienen al país.
No hace falta pensar, entonces, en la reforma agraria que propone Grabois, que le carga los costos al Estado de esas expropiaciones y no lo hace con los corruptos y los narcos, sobre los cuales se debe ir a buscar y recuperar los bienes del Estado.
Salvo que Grabois, con su propuesta, quiera seguir haciendo política como con los planes sociales, a costa del Estado y protegiendo a su vez los bienes adquiridos como consecuencia de la corrupción y el narcotráfico.
En lo personal, a diferencia de Grabois, no tengo nada con los que tienen muchos bienes y extensiones de tierras hasta en abundancia, siempre y cuando respondan a una cuestión básica que toda persona de bien debe sostener como idea: que ninguna persona pueda tener nada que no se haya ganado.
Álvaro de Lamadrid, dirigente de la UCR.
