Poder Judicial

Causa Vialidad: la fiscalía pedirá condena contra Cristina Kirchner como "jefa de una asociación ilicita"

La fiscalía 9 audiencias para fundamentar su acusación. Se extiende a De Vido, Lázaro Báez y otros 10 imputados. ¿Cuál es la pena prevista en los delitos que atribuyen a la vicepresidenta?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Causa Vialidad: la fiscalía pedirá condena contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilicita
Causa Vialidad: la fiscalía pedirá condena contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilicita
Causa Vialidad: la fiscalía pedirá condena contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilicita

Luciani aseguró “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias, prestaron los aportes necesarios”.

A su vez indicó que “al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.

Así arrancó la primera de las 9 audiencias solicitadas por la fiscalía en el proceso oral a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El veredicto podría conocerse antes de fin de año.

En este expediente se investigan presuntas irregularidades en 51 obras viales a cargo del Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Los 13 procesados son además de la ex presidenta, el titular de grupo empresario Austral Construcciones, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

El alegato de los fiscales

Según nuestra Constitución todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La tarea de los fiscales se constituye en invertir esa carga y demostrar que hubo un delito que ejecutaron los imputados, y que por esa razón merecen una condena.

Con ese objetivo, el fiscal federal Diego Luciani eligió para su alegato un tono enérgico y ágil, y utilizó un lenguaje comprensible para todos, sin eludir los tecnicismos. Vestido de traje oscuro, se lo vió en pantalla bien iluminado, en un escenario que constituía en sí mismo un mensaje: la bandera argentina y un panel con el logo del MPF.

Luciani se preparó para este día. Es evidente que asumió el deber de ser eficaz ante el tribunal, pero también ante la opinión pública que estuvo atenta a su intervención ahora, y lo seguirá estando con el correr de los años. Su alegato será para siempre un testimonio histórico, pase lo que pase con el veredicto.

Está acusando a una ex presidenta, quien actualmente está en el poder ocupando la vicepresidencia. Restan 8 audiencias para que los fiscales Luciani y Sergio Mola intenten demostrar su teoría de los hechos.

Varias veces Luciani remarcó que "los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan esos expedientes. Las licitaciones fueron direccionadas, se impedía la concurrencia de verdaderos oferentes, competían empresas del mismo grupo de Lázaro Báez, lo cual está expresamente vedado (...) y las empresas que acompañaban eran una ficción, eran una fachada."

Tal vez la revelación más fuerte de su alegato se dió cuando mostró los chats del teléfono secuestrado al ex secretario de obras públicas, José López.

Los peritajes descubrieron que cuando el kirchnerismo perdió las elecciones en el 2015, López envió un mensaje al ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, que hablaba de “limpiar todo, no dejar sensación de fuga, nunca más retomar las obras.”

El fiscal dijo que “desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez”, y que tras el análisis de los mensajes surge que “fue una idea gestada y avalada por la propia Cristina Kirchner”.

Igual que Luciani, el fiscal Sergio Mola mostró su indignación al describir los delitos que para ellos quedaron probados en este juicio.

En una parte de su intervención destacó que “Austral Construcciones fue una empresa que nació y vivió al amparo de tres mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”.

Puntualizó que Lázaro Báez era una persona sin experiencia, que logró conformar una empresa que se adjudicó el 78,4 por ciento de las obras viales de Santa Cruz, y además fue el principal contratista de obra pública vial del país.

¿Cuál es la pena prevista en los delitos de los que habla la fiscalía?

Para el MPF quedó probado durante el juicio oral, que se cometieron los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Si el TOF 2 coincide con este punto de vista, Cristina Fernández podría recibir una pena de hasta diez años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

No obstante, cualquier eventual condena no sería efectiva hasta tanto no quede firme, descontando que las defensas tomarían la decisión de seguir apelando hasta llegar a la Corte Suprema.

Dos artículos del Código Penal sobresalen en este proceso judicial. Se trata del 210 y el 172.

El artículo 210 establece que “será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación.”

En tanto, el artículo 172 sostiene que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.”

Los fiscales están convencidos de que en los hechos que se analizan en Vialidad, el matrimonio Kirchner junto con Lázaro Báez, Julio De Vido, y otros exfuncionarios del Estado, coordinaron una organización ilícita piramidal que distrajo fondos públicos, para direccionarlos y adjudicarlos a una empresa que fue creada especialmente con el propósito de tomar contratos en la provincia de Santa Cruz.

Creen también que cuando el kirchnerismo perdió las elecciones en 2015, los acusados planearon una “maniobra de fuga” para tapar todas las pruebas y abandonaron las obras.

Reproches a la UIF por omitir prueba

Al inicio del alegato, el fiscal federal Diego Luciani se quejó de la Unidad de Información Financiera (UFI) calificando su trabajo como "temerario, poco serio e irresponsable", porque pidieron absoluciones sin valorar la prueba en forma deliberada.

Agregó que "lo más grave es que tergiversaron de manera grosera el real sentido y el valor de esa prueba. Lo mínimo que la sociedad espera y lo que todos los que asistimos a este juicio pretendemos, es que los funcionarios públicos se expidan con objetividad, mucho más si se trata de un organismo del Estado sobre el que pesa una enorme responsabilidad nacional e internacional. Por eso, si la UIF asumió la responsabilidad de constituirse como querellante (...) era esperable que al momento de realizar su alegato absolutorio explicara, aunque sea mínimamente, los motivos por los cuales descartó la enorme cantidad de prueba relevante incorporada a este debate".

Además, Luciani sostuvo que la UIF puso a “las defensas de los imputados que fueron acusados, en la difícil situación de determinar de qué defenderse".

Hace tres semanas los abogados de la UIF solicitaron la absolución de los 13 acusados por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. Consideró que las pruebas no ofrecieron certeza suficiente como para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras cuestionadas.

Asimismo pidió un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional y de Vialidad de esa provincia, por presunto incumplimiento de deberes al omitir controlar irregularidades en contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez. De todos modos, recomendó evaluar si el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo.

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