Organismos de derechos humanos y referentes del periodismo, como Adepa y Fopea, se sumaron a la ola de críticas por el decreto que firmó el lunes el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública.
Más de 60 organizaciones, entre las que destacan Adepa y Fopea, pidieron al Gobierno Nacional que de marcha atrás con el decreto. Cuáles son los motivos.
Crecen las críticas al gobierno nacional por el decreto que restringe el acceso a la información pública
Organismos de derechos humanos y referentes del periodismo, como Adepa y Fopea, se sumaron a la ola de críticas por el decreto que firmó el lunes el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública.
En un comunicado titulado "Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública", más de 60 organizaciones como Amnistía, el CELS, Sipreba, Periodistas Argentinas, Fatpren, entre otros, solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto el decreto 780/24 y se garantice el pleno acceso a la información pública.
En el texto difundido en redes sociales, indicaron que "un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016".
"El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado", denunciaron.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó también su preocupación por el decreto que dictó el Gobierno nacional por el cual se modificaron reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según Adepa, el decreto 780/2024, contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto 'interés público'".
En esa línea, la entidad consideró que esas restricciones "podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia".
Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes del decreto marcha por el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original, vinculado a cuestiones de "naturaleza privada" de los funcionarios públicos.
En ese sentido, marcaron que los "funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad" y que "en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios".
Por lo tanto, consideraron que "el secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático", pero extenderlo "más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país", subraya el documento difundido por Adepa.
Para concluir, Adepa consideró que "necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos".
Con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el decreto 780/2024 establece que es "imprescindible" clarificar el alcance del concepto de “información pública”, que comprende "cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica".
En ese sentido, la medida determina que no es información pública aquella que "contenga datos de naturaleza privada" o que carezcan de "un interés público comprometido". Por ende, se exime a figuras públicas como el presidente de la Nación de compartir esos datos.
Además, para obtener acceso a la información pública se incorporaron "requisitos formales", cuando antes se consideraba por ley que toda persona humana o jurídica tenía "derecho a solicitar y recibir información pública", no pudiendo exigirse al solicitante que acredite cuál es el interés.
Asimismo, se determinó que la plataforma tecnológica que se utiliza para la gestión de las solicitudes de información pública contendrá un registro para identificar al solicitante, "con el fin de agilizar y facilitar la respuesta de nuevas solicitudes cuyo contenido coincida con el de otras evacuadas previamente".
Los diputados del bloque Encuentro Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, presentaron este lunes un pedido de informe al presidente Javier Milei por el decreto 780/24, que modifica el derecho al acceso a la información pública y según los legisladores "restringe el derecho a los ciudadanos a preguntar e informarse".
El bloque de diputados nacionales conformado por Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge expresó "profunda preocupación" por esta medida del Gobierno Nacional que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
"Presentamos un pedido de informes para que el Ejecutivo explique qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se restringe su función y se altera su sentido", indicaron en un comunicado.
Y advirtieron que "con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad".
