El bloque de diputados Encuentro Federal, que encabeza Pichetto, presentó un pedido de informe por el decreto que modifica el acceso a la información pública.
El bloque de diputados Encuentro Federal hizo un pedido de informe por el decreto que modificia el acceso a la información pública
Los diputados del bloque Encuentro Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, presentaron este lunes un pedido de informe al presidente Javier Milei por el decreto 780/24, que modifica el derecho al acceso a la información pública y según los legisladores "restringe el derecho a los ciudadanos a preguntar e informarse".
El bloque de diputados nacionales conformado por Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge expresó "profunda preocupación" por esta medida del Gobierno Nacional que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
"Presentamos un pedido de informes para que el Ejecutivo explique qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se restringe su función y se altera su sentido", indicaron en un comunicado.
Y advirtieron que "con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad".
"La reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder. De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones", remarcaron.
Y destacaron la importancia de "la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas".
El pedido fue dirigido a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En el informe, al cual tuvo acceso A24, los diputados de Encuentro Federal señalaron que la ley 27.275 de acceso a la información pública, sancionada en 2017, "fue el resultado de un largo proceso de consultas, participación ciudadana y la construcción de amplios consensos destinados a garantizar de manera amplia el efectivo ejercicio del derecho".
En ese sentido, consideraron que el decreto publicado hoy con las firmas del presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "limita severamente el derecho de acceso a la información pública" y "desvirtúa el proceso transformador" que significó la sanción de la ley 27.725.
Asimismo, recordaron que el derecho de acceso a la información pública "ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano vinculado a los derechos de libertad de pensamiento y expresión".
"Es decir, el resguardo y la garantía de ejercicio de los últimos suponen la protección del derecho de acceso a la información pública. También es considerado un derecho colectivo, porque la información a la que se accede es de carácter público noindividual y puede ser difundida libremente", agregaron.
La información brindada mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública "contribuye a que la ciudadanía esté informada, pueda opinar con fundamentos, controle los actos de gobierno y participe en la cosa pública", detallaron y señalaron que esto "fortalece la gestión pública y la gobernabilidad democrática".
Al respecto, los legisladores de Encuentro Federal vincularon este decreto con el caso de Germán Kiczka, el ex diputado misionero detenido por poseer material de abuso sexual infantil.
"Estamos participando de la escandalosa situación en el punto de comisión de delitos aberrantes por parte de un funcionario público elegido como diputado provincial. La pregunta entonces es: ¿este señor puede oponer el secreto sobre su vida privada para que no se controlen sus acciones? ¿Hasta dónde el decreto presidencial pretende llevar los límites para que la ciudadanía pueda acceder a lo que hacen los funcionarios en su vida particular?", cuestionaron.
Y señalaron que el decreto "no solo apunta a cercenar el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino que impide divulgación (afecta seriamente a la prensa además de la ciudadanía) e impone sanciones".
