Denunciaron a siete empresas pesqueras por operar en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Entre las compañías señaladas aparecen Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd. y con el buque Monteferro, que opera bajo el registro de las islas.

También fue denunciado Grupo Pereira, asociado con Argos Group Ltd. y relacionado con los barcos Argos Cíes y Argos Berbés.

La presentación incluye además a Pescapuerta, vinculada con South Atlantic Squid y con los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee. Copemar también aparece relacionada con South Atlantic Squid y opera con el Hadassa Bay, embarcación que reemplazó al Baffin Bay.

Ferralmes figura asociada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo. Hermanos Touza, en tanto, mantiene una sociedad con Beaufort Fishing Ltd. y utiliza una embarcación que lleva el mismo nombre.

La lista se completa con Moradiña, vinculada a Polar Ltd., compañía que explota el New Polar Playa de Sartaxens, registrado bajo banderas de España y de las islas.

La acusación por presunto contrabando

Según los abogados que impulsaron la denuncia, las operaciones podrían constituir el delito de contrabando. El escrito identifica dos mecanismos mediante los cuales, según sostienen, se habría evitado la intervención de las autoridades argentinas.

Uno de ellos estaría relacionado con la evasión del control aduanero. De acuerdo con la presentación, las empresas extraerían recursos pesqueros del territorio nacional para luego exportarlos, realizar trasbordos en alta mar o descargar las capturas en Puerto Argentino o en puertos de terceros países sin someterse a los controles de la República Argentina.

El segundo aspecto señalado es la presunta utilización de mecanismos de clandestinidad y engaño. Los denunciantes sostienen que las compañías se ampararían en permisos emitidos por una potencia ocupante de facto para impedir que la Aduana argentina fiscalice las mercaderías.

Según esa hipótesis, las maniobras también permitirían evitar el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes en el país. Los denunciantes consideraron que los hechos podrían quedar comprendidos, en principio, en los artículos 863, 864, inciso a, y 865 del Código Aduanero de la Nación.

El artículo 863 contempla sanciones para las acciones que dificulten o impidan el control del servicio aduanero sobre la extracción de mercaderías, mientras que el artículo 864 establece penas para la exportación clandestina.

En tanto, los denunciantes plantearon la aplicación de los agravantes previstos en el artículo 865 por una presunta afectación patrimonial al Estado, la intervención organizada de tres o más personas y la utilización de transporte marítimo para eludir los controles de la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.

También investigan posibles omisiones de funcionarios

La presentación judicial no se limitó a las empresas. Los abogados pidieron que también se determine si funcionarios nacionales pudieron haber incumplido sus deberes al no realizar tareas suficientes de vigilancia y patrullaje.

En ese sentido, solicitaron investigar una eventual falta de acciones destinadas a sancionar las conductas denunciadas y reclamar el pago de los derechos aduaneros y las multas que pudieran corresponder.

Para avanzar con la pesquisa, los denunciantes solicitaron a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) informes sobre avistamientos e identificación de las flotas vinculadas con las empresas denunciadas. La solicitud también alcanza a cualquier otra embarcación que opere en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.

Por su parte, a la Dirección General de Aduanas se le solicitó información para establecer si las compañías realizaron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas obtenidas en la zona en disputa.

Por último, la Inspección General de Justicia debería aportar datos que permitan determinar los vínculos comerciales, las filiales y los activos operativos de esas compañías extranjeras en el territorio continental argentino.

La causa por las actividades hidrocarburíferas

La nueva denuncia se suma a otra investigación que tramita en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas Malvinas.

En ese expediente, el Gobierno identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos relacionados con compañías que participan de proyectos petroleros en las islas.