La Casa Rosada inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevas personas y empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas sin autorización argentina. La medida se agrega a los expedientes abiertos días atrás y forma parte de la estrategia oficial para reforzar los reclamos sobre los recursos naturales del archipiélago.
La Casa Rosada inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevas personas y empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas sin autorización argentina. (Foto: archivo)
El Gobierno anunció la apertura de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas físicas y jurídicas, por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas Malvinas sin autorización de la Argentina. La decisión fue comunicada este martes por la Oficina del Presidente y se suma a los expedientes iniciados la semana pasada contra otros 45 involucrados.
Según informó el Poder Ejecutivo, las actuaciones están vinculadas a posibles infracciones al artículo 2 de la Ley 26.659, que regula las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Los sumarios apuntan a actores que habrían intervenido en proyectos considerados ilegítimos por el Estado argentino en el área de las Islas Malvinas.
El comunicado oficial destacó que la ampliación de las investigaciones responde a un trabajo de identificación de los distintos participantes involucrados en estas operaciones. Además, adelantó que continuarán los relevamientos y que podrían impulsarse nuevos procedimientos administrativos.
“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, señaló el Gobierno.
En la misma línea, remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” y sostuvo que nadie puede disponer de los recursos naturales ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes sin autorización del país.
La decisión forma parte del conjunto de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para enfrentar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por compañías que operan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, cuya jurisdicción no es reconocida por la Argentina.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a esas actividades. Entre ellas figuran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por desarrollar operaciones bajo permisos considerados ilegítimos por el Gobierno argentino.
La ampliación de los sumarios fue definida luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que también se resolvió avanzar con nuevas iniciativas vinculadas a la cuestión Malvinas.
Entre ellas figura el envío a la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, prevista para la próxima semana. El proyecto busca endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para empresas y proveedores que operen en las islas sin autorización argentina.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas vinculadas a la política exterior, la defensa, la inteligencia y la economía. Según la propuesta oficial, ese organismo tendrá herramientas para coordinar respuestas diplomáticas y económicas frente a acciones que el Gobierno considere una amenaza para los intereses soberanos del país.
Además, el Ejecutivo ratificó su intención de avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una de las obras estratégicas incluidas dentro de la nueva política oficial sobre el Atlántico Sur.
