En la última semana, ARCA, el BCRA y la UIF completaron sus desregulaciones, y ahora resta que el Congreso reforme la ley penal tributaria y de procedimiento legislativo, que reclamaron algunos gobernadores provinciales, para que las medidas tengan sustento legal, y no sean pasibles de ser revertidas por próximas administraciones.
El Gobierno firmo el gobernador de CAtamarca, Raul Jalil, el convenio de adhesión al nuevo regimen por el blanqueo de dólares del colchón. Foto Jefatura de Gabinete de Ministros. Casa Rosada..jfif
En ese paquete, el gobierno también avanzó en una medida adicional, que es el sistema del Impuesto a las Ganancias simplificado, que es opcional, uno puede adherirse o no”, régimen al que ARCA convocó a adherir a todas las provincias, que se comprometan a no crear nuevos impuestos ni a perseguir a los ahorristas que amplíen su patrimonio a partir de este blanqueo.
Ahora quedará en manos del Congreso la segunda etapa, que es la aprobación del congreso de las modificaciones por ley, y para eso la Casa Rosada busca el apoyo de bloques aliados y de gobernadores.
El ministro Caputo admitió en su momento a A24.com que el éxito de la medida dependerá de la capacidad de generar confianza de los ahorristas en el Gobierno, y que “ese es un proceso, que van a promover: Para que la gente pueda confiar en nosotros, nosotros tenemos que demostrar que confiamos en la gente, y la vamos a dejar de perseguir desde el Estado”.
Y que en ese proceso “va a ser importante para, más adelante, poder pasar esta ley que blinde a los que saquen del colchón o cajas de seguridad sus dólares” en negro, sin temor a ser perseguidos a pagar impuestos o con sanciones.
La aprobación o no del Congreso a las modificaciones a la ley penal tributaria, “no condiciona el sistema” que arrancó a partir de la publicación del decreto de Milei el 1 de junio, sino que “lo que está condicionado es un blindaje para situaciones futuras”, había aclarado Caputo a A24.com.
Y bromeó. “La forma más directa es votando bien en las próximas elecciones legislativas”, en un mensaje que dejó entrever la importancia que le da el Gobierno al plan de blanqueo masivo de dólares que están en manos de argentinos en la ilegalidad, (la Casa Rosada calcula que son entre 200.000 y 400.000 millones de dólares) que el Gobierno necesita para reactivar el consumo, recomponer reservas del BCRA y reactivar el plan económico de cara a octubre.