En esos casos, las fuerzas podrán continuar con el monitoreo si existen indicios de:
- Riesgo para la vida o integridad física de un menor.
- Situaciones de desamparo, fuga o sustracción.
- Conductas autolesivas o con riesgo de suicidio.
- Delitos en curso en los que el menor sea víctima.
- Amenazas o planificación de ataques en escuelas u otros espacios públicos que puedan afectar a menores o a la comunidad educativa.
Cómo deberán actuar las fuerzas de seguridad
La normativa dispone que, cuando durante una investigación se detecte que un menor está involucrado, la actividad policial deberá suspenderse y dejar constancia de lo actuado, notificando de inmediato a la autoridad correspondiente.
No obstante, esa suspensión dejará de ser obligatoria cuando se verifique alguno de los supuestos de excepción previstos por la resolución.
En esos casos, el personal deberá fundamentar por escrito las razones que justificaron la continuidad de la investigación y comunicar de inmediato la decisión a la autoridad responsable.
El objetivo de la modificación
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los cambios responden al crecimiento de los ciberdelitos y, especialmente, al incremento de amenazas de violencia en establecimientos educativos difundidas por internet.
La modificación se enmarca dentro del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que impulsa la actualización de herramientas para investigar delitos complejos en entornos digitales.
Además, complementa las tareas del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado para mejorar la prevención, detección e investigación de delitos informáticos, con el objetivo de combinar una respuesta más eficaz frente a situaciones de riesgo con el respeto de las garantías y derechos previstos por la legislación vigente.