El fiscal Andrés Zárate ordenó allanamientos y hay un chico aprehendido. El hecho se da luego del ataque y muerte de un nene de 13 años a manos de un adolescente en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe.
La Justicia de San Isidro recibió unas 600 denuncias por amenazas de masacres.
El tiroteo protagonizado por un adolescente en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, que terminó con la muerte de un alumno de 13 años, desató una ola de amenazas en escuelas de todo el país. El fenómeno, amplificado por redes sociales y chats entre estudiantes, instaló un mensaje tan inquietante como repetido: “Mañana tiroteo”.
En pocas horas, la preocupación escaló a niveles críticos. Entre el miércoles al mediodía y el viernes por la mañana, la Justicia de San Isidro recibió más de 600 denuncias por mensajes, graffitis y posteos que advertían sobre posibles ataques, lo que generó una investigación a cargo del fiscal Andrés Zárate, titular de la Fiscalía Penal Juvenil, quien coordina un operativo que ya muestra signos de saturación.
La magnitud del problema impacta directamente en el sistema educativo y de seguridad. En una jurisdicción que abarca desde Vicente López hasta Tigre, cada comisaría debe cubrir entre 8 y 10 escuelas, mientras que en algunos establecimientos se registran hasta 12 denuncias simultáneas de distintos alumnos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la Escuela Técnica N°1 “Eduardo Ader”, en Villa Adelina. Allí, un estudiante fue aprehendido tras publicar una amenaza en Instagram, lo que permitió su rápida identificación por parte de la Policía Bonaerense.
La situación también se replicó en el conurbano bonaerense. En La Matanza, la DDI allanó a un ex alumno del colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi, acusado de enviar mensajes intimidantes en un grupo de WhatsApp. Según fuentes judiciales, el joven escribió que “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos” y acompañó la amenaza con imágenes de armas de fuego.
El plan, que generó pánico entre estudiantes y familias, no llegó a concretarse. Sin embargo, el caso activó un fuerte despliegue preventivo: patrullajes en la zona, intervención judicial y seguimiento del sospechoso, quien además se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.
El fenómeno no es nuevo, pero sí más masivo. Hace una década, el entonces fiscal federal Federico Delgado ya había advertido sobre un patrón similar con las amenazas de bomba en escuelas, especialmente en épocas de exámenes.
En aquel entonces, se trataba de maniobras para suspender clases. Hoy, el escenario es más grave: las amenazas de tiroteos configuran un delito de intimidación pública, que debe ser investigado por la Justicia federal y puede derivar en consecuencias penales incluso para menores.
El caso de Santa Fe no solo dejó una víctima fatal, sino que activó un efecto contagio peligroso entre adolescentes, donde la viralización y la búsqueda de impacto amplifican el riesgo.
El sistema educativo enfrenta un desafío urgente: cómo frenar la circulación de amenazas que, aunque muchas veces no se concretan, generan pánico real en comunidades enteras.