La intervención, solicitada por la IGJ, durará 180 días hábiles. Revisarán balances, documentación contable y el funcionamiento institucional de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad. La decisión profundiza un conflicto institucional con derivaciones políticas y vuelve a colocar al fútbol argentino en el centro de una disputa sobre control estatal y transparencia.
La intervención fue formalizada por el Gobierno nacional por un plazo de 180 días hábiles y combina fundamentos técnicos, jurídicos y políticos. La medida sitúa nuevamente a la conducción del fútbol argentino bajo la lupa del organismo que fiscaliza a las asociaciones civiles con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, el objetivo es relevar documentación, auditar balances y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La disposición lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y establece la designación de dos veedores que tendrán a su cargo el seguimiento de la gestión de la AFA.
Durante el período de veeduría, los funcionarios designados podrán examinar estados contables, revisar operaciones con empresas privadas y analizar el proceso de creación de la Universidad de la AFA. Según argumentó la IGJ, la decisión se tomó luego de detectar falta de documentación respaldatoria y respuestas incompletas ante distintos requerimientos previos.
El informe final de los veedores servirá para determinar los pasos a seguir, que podrían ir desde sanciones administrativas hasta eventuales acciones judiciales.
El expediente que derivó en esta medida comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en el funcionamiento de la entidad.
De acuerdo con la documentación oficial y reportes periodísticos, el organismo reclamaba información contable clave que no fue entregada en tiempo y forma. Entre las observaciones se mencionaron demoras en la presentación de balances, falta de detalle en los estados financieros y ausencia de documentación que respalde determinadas operaciones.
El foco del reclamo estuvo puesto especialmente en los balances más recientes, en un contexto en el que la AFA registró un fuerte incremento de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese crecimiento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no habría estado acompañado —según el organismo de control— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.
Además, la IGJ puso bajo la lupa operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos más valiosos del sistema.
La medida adoptada por el Ministerio de Justicia no implica una intervención plena ni el desplazamiento de las autoridades de la AFA, sino la aplicación de una figura de control más limitada: la veeduría.
En términos jurídicos, se trata de la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procedimientos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional de una entidad.
Los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y documentación financiera de la asociación.
Entre sus tareas figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar las relaciones comerciales con empresas privadas y verificar si existen actos que puedan contradecir la ley o el estatuto de la institución.
El trabajo concluirá con la presentación de un informe final ante la autoridad de control, aunque los veedores podrán elevar reportes parciales si durante la auditoría detectan situaciones que requieran una intervención inmediata.
