El juez Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio y de uno de sus socios para determinar si existieron contactos con funcionarios en fechas clave vinculadas a acuerdos firmados con medios públicos.
La Justicia pidió analizar las llamadas de Grandio, periodista cercano a Adorni. (Foto: archivo)
El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las comunicaciones del periodista Marcelo Grandio, cercano al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y de su socio Horacio Silva, presidente de la productora ImHouse. La causa judicial investiga posibles irregularidades en torno a los contratos obtenidos por la firma.
La medida quedó a cargo de la DAJuDeCo, el organismo especializado de la Corte Suprema encargado de asistir en investigaciones complejas.
El objetivo de la Justicia es determinar si existieron contactos o gestiones irregulares entre los responsables de la productora y funcionarios nacionales durante las fechas en las que se firmaron los acuerdos con Radio y Televisión Argentina (RTA).
Los investigadores buscan reconstruir las comunicaciones desde enero de 2023 y cruzarlas con momentos clave del expediente, especialmente con la aprobación de los contratos.
La sospecha principal gira alrededor de un posible caso de negociaciones incompatibles, tráfico de influencias o beneficios indebidos.
ImHouse obtuvo seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco vinculados a la TV Pública y uno a Radio Nacional. Los convenios incluyeron programas de entrevistas conducidos por Grandio, contenidos de streaming y propuestas radiales.
Según la documentación incorporada al expediente, los montos de los contratos fueron creciendo de manera sostenida.
Uno de los primeros acuerdos contemplaba diez capítulos por un valor cercano a los $588 mil más IVA por episodio, mientras que contratos posteriores llegaron a superar el millón de pesos por capítulo.
La Justicia también analiza si esos incrementos resultan compatibles con el contexto de ajuste aplicado sobre los medios públicos.
La investigación se originó a partir del viaje que Manuel Adorni realizó junto a Marcelo Grandio en un avión privado rumbo a Punta del Este.
Ese episodio abrió interrogantes sobre el financiamiento del vuelo y el vínculo entre el funcionario y el periodista.
Según consta en el expediente, uno de los tramos del viaje habría sido abonado por ImHouse, dato que reforzó las sospechas judiciales sobre una posible relación comercial o de favores cruzados.
En paralelo, los investigadores detectaron además transferencias bancarias previas entre las partes involucradas.
Con el análisis de llamadas y comunicaciones, el juzgado intentará establecer si hubo conversaciones con funcionarios de la TV Pública, autoridades de RTA, integrantes de la Jefatura de Gabinete, y con el propio Manuel Adorni.
La intención es determinar si existió algún tipo de intervención irregular en el otorgamiento de los contratos.
Mientras tanto, Adorni negó cualquier participación en las decisiones vinculadas a ImHouse y sostuvo que todos los acuerdos pasaron por los organismos de control correspondientes.
La causa continúa avanzando en los tribunales federales y cada nueva medida profundiza el foco sobre los vínculos entre funcionarios, contrataciones estatales y empresas privadas.
Por ahora no hay imputaciones confirmadas, pero el expediente ya concentra documentación bancaria, registros de vuelos, contratos y ahora también el análisis de comunicaciones.
La investigación busca esclarecer si detrás de los acuerdos firmados con los medios públicos existió solamente una relación profesional o algo más.