El Gobierno presentó un nuevo proyecto sobre Discapacidad: qué cambiaría en las prestaciones

Uno de los principales cambios respecto de la propuesta que había generado cuestionamientos es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y seguirá actualizándose mensualmente por inflación. Además, quienes reciben el beneficio tendrán garantizado el acceso a un programa de atención médica y cobertura de salud.

Qué pasará con las pensiones por discapacidad

El nuevo texto también incorpora una modificación vinculada con quienes reciben una pensión y, al mismo tiempo, consiguen un empleo registrado. El beneficio podrá mantenerse siempre que la remuneración percibida no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La propuesta también contempla beneficios impositivos para los empleadores que incorporen a personas con discapacidad bajo contratos por tiempo indeterminado. De esta manera, el oficialismo busca combinar la continuidad de la prestación con incentivos para la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral.

Al mismo tiempo, el proyecto establece nuevos mecanismos para revisar quiénes cumplen con las condiciones necesarias para acceder y conservar la pensión. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá implementar auditorías periódicas destinadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos para las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad.

El procedimiento contempla, en una primera instancia, la revisión de documentación y de la situación socioeconómica de los beneficiarios mediante el cruce de información con bases de datos públicas. El objetivo planteado por el oficialismo es reforzar los controles sobre el sistema y verificar que los beneficios lleguen a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

Otro de los puntos centrales de la nueva propuesta es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado. Se trata de uno de los reclamos que habían planteado las organizaciones vinculadas al sector frente a la posibilidad de que esos mecanismos fueran eliminados en el Presupuesto 2027.

El nuevo dictamen ratifica la vigencia del artículo 7° bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793. Allí se establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad deben ser iguales para las entidades obligadas por la normativa y actualizarse de acuerdo con el mecanismo establecido.

La discusión sobre los aranceles resulta central para los prestadores, ya que los valores fijados por el nomenclador funcionan como referencia para las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.

Qué pasa con las compensaciones a los prestadores

El proyecto también establece de manera expresa que continuará vigente el derecho al cobro de las compensaciones para los prestadores y que los pagos deberán efectuarse de acuerdo con el cronograma correspondiente.

El reclamo está relacionado con las diferencias acumuladas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, período durante el cual los valores de las prestaciones quedaron por debajo de la evolución de los costos. La nueva propuesta incorpora el compromiso de reconocer esas compensaciones dentro de los plazos establecidos.

Este punto era uno de los reclamos de los sectores vinculados con la atención de personas con discapacidad, que habían advertido sobre el impacto que los atrasos y la pérdida del valor real de los aranceles podían tener sobre la continuidad de las prestaciones.

Más controles para acceder a las pensiones

El oficialismo también busca modificar el esquema de acceso y permanencia en las pensiones mediante mayores controles. La propuesta establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas para comprobar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones necesarias.

La revisión incluirá aspectos documentales y socioeconómicos que puedan comprobarse mediante el intercambio de información con registros públicos. El planteo oficial apunta a que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no sea, por sí solo, el único elemento considerado para determinar el acceso al beneficio.

El argumento planteado desde el oficialismo es que debe existir una correspondencia entre la situación de cada beneficiario y los requisitos establecidos para recibir la prestación. La cuestión de los controles y auditorías fue también incluida entre los puntos centrales de la propuesta que el oficialismo negoció con los bloques aliados.

El presupuesto para discapacidad no podrá quedar por debajo del año anterior

Para garantizar los recursos destinados al sistema, el nuevo proyecto incorpora una cláusula vinculada directamente con el financiamiento. Las partidas destinadas al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a las correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

Desde La Libertad Avanza plantearon que, de esta manera, los recursos destinados a discapacidad quedarán incluidos dentro del Presupuesto y podrán ser objeto de seguimiento y control presupuestario. El oficialismo sostiene que este mecanismo permitirá darle mayor previsibilidad al financiamiento del sistema sin necesidad de mantener vigente la emergencia.

La estrategia implica, en los hechos, reemplazar el esquema excepcional de la emergencia por un sistema permanente incorporado a la ley de Presupuesto. La actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue establecida hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una eventual prórroga.

La reunión de Martín Menem con los bloques aliados

La nueva propuesta fue presentada durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con representantes de distintos bloques que suelen acompañar iniciativas del oficialismo.

Del encuentro participaron, entre otros, Oscar Zago, del MID; Javier Sánchez Wrba, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Fernanda Ávila, de Elijo Catamarca; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, de Argentina Federal; y Karina Maureira, de La Neuquinidad.

Después de la reunión, uno de los diputados que participó del encuentro calificó la iniciativa como una propuesta “verdaderamente superadora” y destacó el componente presupuestario del proyecto. Según esa interpretación, incorporar los recursos al Presupuesto permitiría darle sostenibilidad fiscal al sistema y mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.

La discusión continuará este miércoles en el Congreso, donde los bloques deberán definir el texto que finalmente llegará a la etapa de dictamen. El oficialismo busca reunir los respaldos necesarios entre sus aliados para avanzar con su propuesta, mientras otros sectores de la oposición impulsan mantener o prorrogar la Emergencia en Discapacidad.