Pese a las advertencias de la CGT y gremios estatales, el gobierno de Javier Milei ratifica la decisión de despedir empleados estatales que hayan sido contratados en el último año, o que no puedan justificar sus tareas presenciales.
Javier Milei, en el balcón dela Casa Rosada, el domingo 10 de diciembre, tras asumir.
Pese a las advertencias de la CGT y gremios estatales, el gobierno de Javier Milei ratifica la decisión de despedir empleados estatales que hayan sido contratados en el último año, o que no puedan justificar sus tareas presenciales.
"El ajuste fiscal en el Estado no es una decisión negociable", dijo el vocero Manuel Adorni, mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificaba el miércoles la decisión del Gobierno de achicar drásticamente la planta de empleados estatales, al recibir en su despacho de la Casa Rosada al titular del gremio de ATE, Guillermo Catalano.
Luego de que Catalano planteara la preocupación por los despidos ante Francos, la CGT encabezada se reunió para definir su primer documento rechazando las medidas del Gobierno, y anunció que ya empezó a calentar los motores para eventuales protestas.
"Esta mañana nos reunimos con Guillermo Francos, Ministro del Interior, tras los anuncios de Caputo en el día de ayer. Le planteamos el problema de la pérdida de salario de las y los estatales y nuestra preocupación por los despidos", dijo Catalano en diálogo con periodistas en la Casa Rosada.
"Nosotros no tenemos problema en seguir hablando con todos los sectores, pero la instrucción presidencial es que existe una firme convicción de la necesidad de recortar los gastos del Estado y dar una pelea contra el déficit del estado, y eso implica una serie de restricciones", les respondió Francos a los gremialistas de ATE capital, según pudo reconstruir A24.com.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también evitó hablar sobre la repercusión que las medidas tendrán en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, al ser consultado sobre si el Gobierno analiza medidas compensatorias de los efectos de la devaluación y la quita de subsidios a las tarifas, como la rehabilitación de paritarias.
Daer aclaró que en la CGT aún no hablan de medidas de fuerza concretas, pero advirtió que frente al aumento de tarifas de transporte o de servicios públicos como gas, agua y electricidad, no hay plan económico, lo único que existe es aumento de impuestos que van sobre la industria".
Y agregó: "Si los salarios y las jubilaciones son pisadas, la CGT va a actuar". En paralelo, se conocía el documento de la CGT titulado: "NO ES LA CASTA, EL AJUSTE LO PAGA EL PUEBLO".
En el mismo, la central sindical advirtió que "de acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30% al menos por el próximo cuatrimestre, situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas".
"Las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social. Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo", señaló la CGT.
Una de las principales medidas de recorte del gasto que anunció el martes por la tarde en un mensaje grabado el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, es "la no renovación de los contratos laborales que tengan un año de vigencia".
El ministro dijo que "una práctica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato", y horas después el vocero presidencial confirmó que "a partir del 1 de enero de 2024 comenzarán a darse de baja los primeros empleados.
Cabe recordar que en los últimos meses de gestión de Alberto Fernández, el gobierno de Unión por la Patria había publicado en el boletín oficial centenares de designaciones en distintas áreas del Estado, que ahora Milei ordenó -cumpliendo una promesa de campaña- dar de baja, a lo que su vocero calificó como "el empleo militante".
Desde el gobierno admiten que no tienen precisión del número de la plantilla estatal, de las cuales se saben algunos detalles y otras se mantienen en potencial y por eso, el vocero presidencial advirtió que "se sancionará al funcionario responsable que no brinde información" sobre la planta de empleados de su área.
Por estas horas, luego de meses de soledad en el último tramo de gestión de Alberto Fernández, la Casa Rosada se vio esta semana invadida de empleados sobre todo en el área del comedor y en distintas oficinas y pasillos que en los últimos meses no se veía.
Según indicaron voceros de la nueva gestión, hay dos ejes de medidas que son centrales para esta reducción del número de empleados: la no renovación de contratos y el retorno a la presencialidad del 100% de la plantilla.
Con el objetivo de reducir gastos por 5 puntos del PBI, un "ahorro" de u$s 25.000 millones, el viraje a la presencialidad para todos los empleados estatales es un mecanismo para poder auditar "quienes realmente van y quienes no", admitió otra fuente del gobierno.
El recorte será definido a partir de tres medidas: los empleados que puedan venir, los que a pesar de cumplir una función no prefieran el trabajo presencial y se den de baja de manera voluntaria, y los que mantienen un puesto fantasma, (ñoquis) a quienes darán de baja automáticamente.
Milei le pidió al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, una "auditoría" de todos los contratos y bienes tiene el Estado en todo el país. Todo lo que "no esté siendo utilizado se va a privatizar o poner en venta" mientras que "se valorará a los empleados de planta que cumplan bien sus funciones".
No descartan la posibilidad de impulsar retiros voluntarios a empleados de planta permanente.
En ese plan ya estarían trabajando el Procurador del Tesoro (el jefe de los abogados del Estado), Rodolfo Barra, con la asistencia del especialista en contrataciones públicas Marcos Serrano, la asesora legal del Ministerio de Justicia Lucrecia Frangi y el asesor y expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien esta semana se sumó a las reuniones de gabinete y se lo vio caminando por los pasillos de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, es el encargado de la relación con gobernadores y confirmó que continuará el diálogo permanente
De hecho, este jueves recibirá en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, una de las provincias que justamente reclama fondos que adeuda la nación, entre otros puntos, por la baja en la recaudación del impuesto a las ganancias en la gestión de Alberto Fernández y el juicio por la deuda por el traspaso de la caja jubilatoria.
Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión del gobierno de "eliminar todas las transferencias discrecionales a provincias que pasarán del 0.5 % del PBI al 0.2%, según el gobierno, "suelen tener carácter político dejarán de existir".
Llaryora llegará este jueves a la Casa Rosada para reunirse con Francos, quien con los cambios en el organigrama del nuevo gabinete de Milei, reducido a 9 carteras ministeriales, perdió la administración de los fondos ATN, que pasaron a estar bajo el control del ministerio de Economía.
Otro tema de posible conflicto con los gobernadores que deberá calmar Francos, es la baja de todas las obras públicas pendientes de realización, que el gobierno de Milei considere no esenciales.
Caputo anunció la baja de todas las obras públicas de parte del Estado nacional que no sean consideradas esenciales por el gobierno de Milei y que todas pasarán a ser concesionadas de manera privada, tras considerar que eran usufructo político de los gobiernos de turno y muchas veces el dinero terminaba en manos de políticos como producto de actos de corrupción.
Fuentes cercanas a Francos, aclararon a A24.com que pese a esa decisión, el ministro del Interior seguirá convocando al diálogo a todas las provincias.