Ante esto, la respuesta oficial esbozó que "distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas".
"El Congreso sancionó la Ley 27.573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid19, pero . No obstante, luego de publicada esa ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa", explicó el Gobierno en el informe.
Entonces, precisó que las dificultades en relación a la compañía norteamericana no estuvieron vinculadas a quién firma el contrato, sino en dos problemas. "El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior", detalló el escrito.
Sin embargo, el documento reconoció que, a pesar de los desacuerdos mencionados anteriormente, durante el mes de abril Argentina retomó las conversaciones con Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19.