El pedido de baja fue realizado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. En el documento, enviado tanto a Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo, el fiscal solicitó que “se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”.
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La Procuraduría recordó que dispuso “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada”, y que las condenas se encuentran firmes, ya “agotadas todas las instancias recursivas”.
Además, en el escrito el fiscal le recordó a Petri que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.
Los militares dados de baja
Los militares dados de baja son Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá, Federico Antonio Minicucci, Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna.
También Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.