¿Qué dice el proyecto?
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El Marco Regulatorio propuesto contempla sanciones para funcionarios públicos, ciudadanos y medios de comunicación que nieguen, relativicen o justifiquen los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado perpetrados durante la dictadura. Entre las medidas destacadas se encuentran:
*Penas de prisión y inhabilitación especial para funcionarios públicos que realicen acciones u omisiones que nieguen o relativicen estos crímenes.
*Sanciones para aquellos que difundan o reproduzcan mensajes negacionistas, tanto ciudadanos como medios de comunicación, con penas de prisión y multa.
*Capacitaciones obligatorias en Derechos Humanos para todos los trabajadores del Estado.
“Los recientes comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés por parte de la última dictadura cívico militar, no son novedosos, pero -por respeto a las víctimas y a la imagen de Argentina en torno a la defensa de los Derechos Humanos - consideramos que es fundamental adaptar nuestra legislación al estándar internacional en esta materia”, planteó el senador Leavy en los fundamentos.
“Es insostenible que a pesar de la cicatriz imborrable que dejó esta etapa oscura de la historia en la sociedad, casi cinco décadas después, el negacionismo persiste, desafiando la memoria colectiva y amenazando la justicia y la reconciliación. Es algo que no nos podemos permitir, mucho menos desde el ámbito público”, concluyó.
El proyecto fue acompañado por los senadores Lucía Corpacci, Inés Pilatti Vergara, Nora Giménez, entre otros.