Luego de un debate de más de 14 horas, el Gobierno consiguió la aprobación del proyecto con 42 votos a favor y 30 en contra.
En una jornada legislativa maratónica y con graves incidentes en las calles, el Senado de la Nación Argentina aprobó la media sanción de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, un paso clave para que el proyecto avance hacia la Cámara de Diputados y, eventualmente, se convierta en ley.
Con 42 votos a favor y 30 en contra, y luego de semanas de intensas negociaciones, el oficialismo logró reunir el apoyo necesario para dar luz verde al texto modificado de la iniciativa, que había sido debatida con especial atención tanto dentro como fuera del Congreso.
Cerca de la hora de la votación llegaron al recinto la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y algunos de los funcionarios más importantes de la llamada "mesa política", como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, además de Martín y Lule Menem.
La reforma, presentada como una “modernización laboral”, fue objeto de 28 cambios importantes acordados entre el oficialismo y distintos bloques aliados y gobernadores, con el objetivo de suavizar algunas de las propuestas más polémicas y asegurar la mayoría parlamentaria necesaria. Entre esas modificaciones se incluyeron ajustes en el tratamiento de aportes sindicales y en mecanismos de desvinculación laboral, lo que terminó por consolidar el respaldo de xx senadores a favor de la media sanción.
El debate en la Cámara alta se desarrolló en un clima de tensión social y política: miles de trabajadores y organizaciones sindicales se movilizaron frente al Congreso para expresar su rechazo al proyecto, advirtiendo que podría erosionar derechos laborales históricos. Las principales centrales gremiales —como la CGT y las CTA— lideraron marchas y cortes, en un intento por presionar a los legisladores y frenar el avance de la iniciativa.
Para el Gobierno, esta reforma representa una de las piezas centrales de su agenda económica y estructural para 2026, con la promesa de que las modificaciones a la legislación vigente reducirán la informalidad laboral y favorecerán la inversión y la creación de empleo formal. Sin embargo, sus impulsores también debieron hacer concesiones significativas, incluyendo la eliminación de un capítulo sobre el impuesto a las Ganancias que generaba resistencia entre gobernadores provinciales.
Con la media sanción ya obtenida en el Senado, el proyecto ahora será remitido a la Cámara de Diputados para completar su tratamiento legislativo. Allí, los legisladores deberán decidir si aprueban el texto tal como salió de la Cámara alta o si introducen nuevas modificaciones, lo que podría reabrir el debate y postergar su sanción definitiva.
