La iniciativa ya fue aprobada por Diputados y se podría convertir en ley el jueves próximo.
El Senado logró el dictamen para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen favorable al proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y el oficialismo busca sancionarla en una sesión extraordinaria la próxima semana.
El debate se desarrolló en medio de fuertes cruces políticos y testimonios de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Con el respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas, el texto obtuvo las firmas necesarias para avanzar hacia el recinto.
El proyecto establece como principal cambio la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Además, fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Para los casos con condenas menores a 10 años, el régimen contempla sanciones alternativas. Entre ellas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la inhabilitación para conducir.
El objetivo, según sus impulsores, es establecer un sistema diferenciado que combine sanción, reinserción y protección de las víctimas.
Otro de los ejes del proyecto es la creación de centros especializados para el alojamiento de adolescentes condenados. La normativa garantiza el acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones.
Además, se establece que el personal deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia y que los menores no podrán convivir con detenidos adultos.
También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con participación obligatoria de todas las partes y el consentimiento de la víctima.
El texto reconoce de manera explícita los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Entre otros puntos, se garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos.
Desde el oficialismo destacan que esta perspectiva busca equilibrar la protección de los derechos del menor con el acceso a la justicia para quienes sufren delitos.
Durante el plenario, familiares de víctimas brindaron testimonios. Laura Fernández, madre de una adolescente asesinada en 2022 en Lomas de Zamora, relató su experiencia y cuestionó el sistema actual: “Sabemos que no es retroactivo para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. Nos arruinaron la vida”, expresó.
También habló Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, asesinado en 2021. “Un niño que agarra un arma deja de ser un niño”, sostuvo. A ellos se sumó Karina Albarenga, madre de un joven fallecido tras un ataque en grupo, quien pidió cambios urgentes en la legislación.
El debate estuvo atravesado por tensiones entre oficialismo y oposición. La senadora Juliana Di Tullio criticó la organización del plenario y cuestionó la falta de invitados especialistas.
Por su parte, el radical Eduardo Vischi respaldó el proyecto y criticó al kirchnerismo por tener una “visión garantista” que, según dijo, “protegía más al victimario que a la víctima”.
La iniciativa podría tratarse en el recinto del Senado el jueves de la próxima semana, en una sesión extraordinaria aún no convocada formalmente.
De convertirse en ley, el nuevo Régimen Penal Juvenil implicará una de las reformas más profundas del sistema desde la normativa vigente, que data de la última dictadura militar.
