El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificar el régimen vigente y fijar la imputabilidad penal a partir de los 14 años.
La Cámara de Diputados inició una sesión clave en la que se debaten dos proyectos centrales de la agenda del Gobierno: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Se espera que sea una sesión larga y cargada de tensión política, con una duración estimada de al menos diez horas y una agenda atravesada por 22 cuestiones de privilegio que serán organizadas y abordadas en distintos bloques a lo largo del día.
Sobre la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la definición se realizará mediante una única votación general, que deberá resolverse por la aprobación o el rechazo del texto. De acuerdo con el esquema parlamentario acordado, no habrá posibilidad de introducir modificaciones, por lo que el resultado dependerá exclusivamente del posicionamiento de cada bloque.
El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".
Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".
El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley.
