Estudiantes del Nacional Buenos Aires y el Pellegrini tomaron los colegios por tiempo indeterminado

“Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, afirmó el dirigente estudiantil en declaraciones radiales. “Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”, agregó.

La toma de los establecimientos se produjo mientras continúa el conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la ley sancionada el año pasado.

Jornada de clases públicas

En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales.

La convocatoria fue impulsada por gremios docentes y no docentes para reclamar la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Participaron la Asociación de Docentes de la UBA, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires.

Las actividades incluyeron clases abiertas y exposiciones académicas para visibilizar el reclamo presupuestario y salarial del sector universitario.

Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la situación judicial de la ley. Los gremios esperan una definición de la Corte Suprema sobre el expediente que analiza la aplicación de distintos artículos vinculados al financiamiento y a la recomposición salarial.

La discusión llegó al máximo tribunal luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se mantiene desde 2024 y ya derivó en cuatro movilizaciones federales.

El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario después de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, la aplicación efectiva de la norma quedó suspendida hasta definir las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

Esa situación profundizó el enfrentamiento con las universidades, que reclaman la inmediata implementación de la ley.

En paralelo, la Justicia emitió fallos de primera instancia y de Cámara que ordenaron aplicar artículos centrales de la norma relacionados con salarios y financiamiento. El Gobierno apeló esas decisiones y el expediente todavía permanece en discusión judicial.

Al mismo tiempo, el oficialismo presentó un nuevo proyecto en el Congreso para modificar la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición presupuestaria por lo ocurrido durante 2024 y 2025.

Además, el texto establece que en 2026 solo habrá una actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3%. Según la propuesta, las universidades recibirían una actualización real de sus gastos de funcionamiento únicamente si el índice de inflación supera esa proyección.