Pero los resultados científicos se combinan con el peor dilema que tiene Alberto Fernández: la caída de la economía y los efectos sobre los sectores medios y bajos. Para estos últimos, anunció refuerzos de 3000 pesos en las jubilaciones, planes sociales y AHU, además de planes de distribución de alimentos, prohibición del corte de suministro de servicios básicos por falta de pago. Pero por ahora, los sectores medios no tienen respuestas. Muchos empresarios y empleados temen no poder pagar o cobrar sueldos con las persianas bajas por el abrupto freno en los ingresos.
Tanto en Pymes como en grandes empresas, comercios, hoteles, talleres, restaurantes o servicios, la preocupación y angustia de la gente es extrema. Comenzó a percibirse este pulso en dirigentes de Cambiemos y de Consenso Federal, que ahora vuelven la mirada a la clase media.
El DNU que se firmó ayer iba a ser un proyecto de ley, que debía tratar el Congreso. Esa era la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Negoció con los jefes de los bloques opositores, entre ellos Mario Negri, de la UCR, Cristian Ritondo, del Pro, y Eduardo Bali Bucca, de Consenso Federal, para hacer una sesión. Todos estaban de acuerdo con proteger los alquileres y las hipotecas de la clase media. Pero concluyeron que era imposible hacer una sesión ordinaria de Diputados porque no hay tantas bancas como para sentar diputados banca de por medio y guardar el metro de distancia. Y tampoco podían obligar a viajar a los diputados, que también hacen la cuarentena en sus provincias. La foto de la sesión era un contrasentido con el aislamiento obligatorio.
El jefe del bloque de senadores del PJ, José Mayans, avisó que el Senado no podía sesionar. También evaluaron hacer una sesión virtual, pero la idea no tuvo quorum: era difícil de instrumentar y era un pésimo antecedente, además de inconstitucional. “No son temas vedados para que legisle el Poder Ejecutivo, si hay acuerdo de todos los bloques que el presidente firme un DNU”, dijo Negri en medio de las conversaciones. Massa se lo transmitió al Presidente, que el miércoles había anunciado el envío del proyecto.
Sin embargo, esos mismos dirigentes de la oposición comenzaron a vislumbrar que no es suficiente eso para contener la abrupta caída de la economía y de vastos sectores medios y bajos en ese pozo. También entrevieron fisuras en el plan de contención del coronavirus y en la decisión de dejar varados a más de 10.000 argentinos en el exterior y suspender las repatriaciones, anunciada también por Fernández.
Negri y otros sectores de la oposición piden medidas como bajas en impuestos y aportes patronales o que el Estado pueda comprometerse a pagare la mitad de los sueldos a sectores castigados. “No estamos en contra de que se financie con emisión monetaria, pero hay que analizar bien las prioridades. ¿Para qué se anuncia el plan Procrear? ¿En esta crisis quién va a hacerse una refacción en su casa con albañiles que no pueden salir de su casa?”, murmuró Negri en las reuniones virtuales entre bloques. “Fijemos las prioridades”, señaló.
La preocupación general es que no se corte la cadena de pagos en la clase media. Por ejemplo, el Banco Central habilitó el clearing ayer, pero mucha gente no podía ir a buscar cheques a las empresas porque no tiene autorización para salir de su casa. Incluso, muchos consorcios tuvieron problemas de mantenimiento y roturas de caños y ningún plomero quería salir a trabajar pese a que tienen autorización por el DNU 297, pero no lo sabían. La vida doméstica se transformó en un caos.
El gobierno de Alberto Fernández analizará poco a poco las medidas de alivio que también se tomaron en otros países. En medio de esto, las provincias comenzaron a negociar con la Casa Rosada el envío de fondos con la espada de Damócles de que podrían tener que emitir cuasimonedas para pagar los sueldos ante la caída de sus ingresos.
Ahora reclaman que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, eche mano de un remanente de 80.000 millones de pesos que la Nación tiene depositado en su cuenta del Banco Nación por concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre los mandatarios, comenzaron a analizar alternativas para que el interior no se transforme en un polvorín. En las oficinas de la Casa Rosada analizan el uso de los ATN y de otros financiamientos.
A última hora del jueves el Gobierno nacional, anunció que se estarían transfiriendo estas semana 3.000 millones de pesos y 3.000 más los primeros días de abril a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero no solo las protestas son por dinero. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se quejó porque el ministro Ginés González García le bloqueó a su provincia la compra de reactivos y de respiradores artificiales. Había comprado 100 test para realizar los estudios en laboratorios locales por coronavirus. El propio Presidente tuvo que aclarar que será la Nación la que reparta esos insumos escasos.
El diputado Bali Bucca comentó en privado también que el reparto de reactivos por parte de Salud, y la descentralización entre 35 laboratorios en todo el país, “viene demasiado lenta para la magnitud que implica el problema”. No se explica por qué Gines no accedió a utilizar los test rápidos de otros países. Perú, por ejemplo, compró 1.600.000 reactivos y una cámara empresarial compró 500 mil más.
Desde el Gobierno comunicaron por algunos medios que se ordenó una compra de 500 mil reactivos, pero por ahora los que se conocen, seguros, son 52.500, muy poco para detectar el virus y aislar a los que aparezcan contagiados.
La cuarentena trajo un problema adicional. Los argentinos varados en el exterior, más de 10.000, presionan a la Cancillería para que abra el aeropuerto de Ezeiza. Pero Alberto ya anunció que se suspenderán las repatriaciones hasta el fin de la cuarentena. “Está bien que los viajeros fueron unos inconscientes y que hay una emergencia, pero no se puede dejar varados sin fecha a los argentinos. Hay que darles previsibilidad y hacer un programa con fechas para repatriar a los de cada país”, dijo Negri en las reuniones privadas. También plantea flexibilizar las condiciones de quienes viajaron al interior, antes del DNU 297, para poder volver a su casa sanos y salvos, sin tener que quedar alojados en una celda y judicializados.
