Abarcaría una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.
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El proyecto fue debatido en el segundo semestre del año pasado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero no obtuvo dictamen y perdió estado parlamentario.
También había sido incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo para febrero, pero la falta de reuniones de comisión y de sesiones frustraron su debate.
Tras perder estado parlamentario el 28 de febrero, fue nuevamente presentado por su autora, aunque esta vez se simplificó el giro en la comisión de Legislación General.
En este punto, Carreras destacó que la aprobación de la iniciativa tenía que ver con el cuidado de "los recursos soberanos que custodiaba el ARA San Juan, coincidiendo la zona con el destino final de los 44 tripulantes y la nave" al lamentar que "eso es Juntos por el Cambio, el voto negativo".
Luego, en un comunicado emitido por la querella, la abogada amplió con que "no puede admitir" que se deje "sin la protección, no solo los recursos soberanos, sino también la prueba para eventuales pericias de la investigación judicial sobre los restos y el submarino ARA San Juan".