Financiamiento Universitario: los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la ley

El CIN nuclea a 60 universidades nacionales y su Comité Ejecutivo funciona como espacio de coordinación entre las autoridades de esas instituciones. En esta oportunidad, la reunión dejará el ámbito habitual para desarrollarse frente a la sede del Poder Ejecutivo.

El juez Cormick declaró inconstitucional una parte del decreto 759/2025

La resolución fue dictada por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado declaró inconstitucional la parte del decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad y definición de los recursos presupuestarios.

En particular, el fallo invalidó la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Para el juez, esa condición terminaba impidiendo la puesta en práctica de una legislación que había sido ratificada por el Congreso luego del rechazo al veto presidencial.

Cormick también ordenó al Poder Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que todavía puede ser revisada por instancias superiores.

El Gobierno prepara una apelación

Tras conocerse la resolución judicial, el Gobierno nacional comenzó a preparar la estrategia para recurrir el fallo. La intención de la Casa Rosada es apelar la decisión antes de tener que afrontar de manera inmediata las erogaciones previstas en la legislación.

La discusión se concentra en el decreto que permitió promulgar la ley después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero estableció que su ejecución quedaba supeditada a que se definieran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

El Ejecutivo sostiene que los legisladores deben establecer de dónde provendrán los recursos necesarios para afrontar el gasto. La Justicia, en cambio, consideró que esa condición no podía utilizarse para mantener suspendida la aplicación de una ley que ya había sido aprobada por el Congreso.

Salarios, becas y otros recursos para las universidades

El conflicto judicial también tiene antecedentes vinculados con los salarios de docentes y no docentes y las becas para estudiantes. En resoluciones anteriores, Cormick había ordenado cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

El 30 de septiembre, el magistrado había otorgado al Gobierno un nuevo plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de esas medidas y había advertido sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas. Si bien el Ejecutivo presentó documentación vinculada con negociaciones paritarias y órdenes de pago, el juez consideró que sólo había demostrado un cumplimiento parcial.

La administración nacional había cuestionado esa intimación y sostuvo que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8%, por encima de la inflación tomada como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta de aumento adicional del 3%.

Cormick rechazó ese planteo al considerar que no estaba acreditada la actualización en los términos establecidos por la legislación. En el caso de las becas, además, descartó la interpretación oficial que limitaba las obligaciones al programa Manuel Belgrano.

Un conflicto que continúa en la Justicia

La primera medida cautelar sobre salarios y becas había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado.

Esa resolución se refería a las medidas provisionales sobre salarios y becas, mientras que la discusión de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continuaba en los tribunales.

Ahora, con el nuevo fallo de Cormick y la decisión del Gobierno de apelarlo, la disputa vuelve a quedar centrada en los recursos que deberán destinarse al sistema universitario y en las condiciones para ejecutar la ley.