Islas Malvinas: el fiscal Stornelli imputó a empresas petroleras y pidió investigar a sus accionistas

Stornelli también requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto toda la documentación que respalda la denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno, para incorporarla al expediente judicial.

Según el dictamen, el objetivo de la investigación será establecer si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, particularmente en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas.

El fiscal puso el foco en los antecedentes de Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.

De acuerdo con lo consignado en la denuncia, esa empresa habría desarrollado actividades hidrocarburíferas sin contar con autorización argentina.

El antecedente de Desire Petroleum

Stornelli citó en su presentación la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, mediante la cual se declararon ilegales las actividades desarrolladas por Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina.

Posteriormente, según el dictamen, la Resolución 457/2013 estableció una inhabilitación por 20 años para que la compañía desarrollara actividades en la Argentina.

La medida se habría fundamentado en que las operaciones eran realizadas sin autorización nacional y a partir de una licencia de exploración de hidrocarburos otorgada por autoridades británicas establecidas en las Islas Malvinas.

Para Stornelli, las conductas denunciadas podrían encuadrar, en principio, en delitos previstos por la Ley 26.659, sin perjuicio de otras figuras que pudieran surgir a medida que avance la investigación.

El fiscal también planteó la necesidad de determinar si pudieron existir delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras o maniobras de lavado de activos relacionadas con las actividades denunciadas.

Pedido de información al Reino Unido

Entre las primeras medidas solicitadas, Stornelli pidió que se active el mecanismo de cooperación penal internacional con el Reino Unido para acceder a información sobre las empresas involucradas.

El requerimiento contempla obtener información societaria completa de Desire Petroleum Limited y Desire Petroleum Public Limited Company, incluyendo la composición de sus directorios y órganos de representación legal desde 2012.

También se busca acceder a documentación relacionada con eventuales licencias otorgadas para realizar actividades hidrocarburíferas en el territorio en cuestión. El mismo pedido de información deberá alcanzar al denominado grupo Rockhopper.

Además, el fiscal solicitó que, en la etapa procesal correspondiente, se requiera información bancaria relacionada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.

La denuncia del Gobierno por el proyecto Sea Lion

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada la semana pasada por el canciller Pablo Quirno y el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, ante los tribunales federales de Comodoro Py.

El planteo judicial apunta a las personas físicas y jurídicas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion y sostiene que debe investigarse un supuesto esquema empresarial cuya composición, según el Gobierno, deberá determinarse durante el proceso.

La presentación se produjo luego de la cadena nacional del jueves pasado y de la posterior publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/2026, que introdujo modificaciones relacionadas con la aplicación de la Ley 26.659.

La norma, sancionada en 2011 a partir de una iniciativa del entonces legislador Fernando “Pino” Solanas, regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes operen allí sin autorización de las autoridades nacionales.