Poder Judicial

Juicio Vialidad: claves para entender por qué acusan a Cristina Kirchner de "complicidad criminal"

En la segunda jornada de alegatos describieron el paso a paso de las supuestas irregularidades que permitieron defraudar al Estado Nacional.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Juicio Vialidad: claves para entender por qué acusan a Cristina Kirchner de complicidad criminal

Aseguraron que tienen comprobado que los acusados violaron los principios elementales de contratación pública, y sostuvieron que todas las licitaciones “fueron una ficción, fueron un montaje, que aparentaba una realidad que era inexistente”.

Fueron 9 horas en las que describieron paso a paso las irregularidades que encontraron en los contratos que favorecieron al grupo empresario de Lázaro Báez, y la responsabilidad que le atribuyen a cada uno de los 13 procesados.

Esta vez la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por no conectarse al Zoom, y le pidió al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) un permiso especial para cumplir con sus obligaciones parlamentarias.

El fiscal Luciani habló de complicidad criminal

Para Luciani el expediente de Vialidad representa un “caso paradigmático de corrupción”, por eso en la audiencia de este martes se propuso mostrar el método que utilizó la supuesta asociación ilícita, comandada por la ex presidenta, para desvíar a sus bolsillos los fondos públicos.

Describió las maniobras que se repitieron sistemáticamente poniendo como ejemplo cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea a fines del año 2006, y que terminaron con la contratación de las empresas de Báez, por montos millonarios.

Se trató de la pavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 288, por un presupuesto de 192 millones de pesos. Expuso la documentación donde figuraban como oferentes “tres empresas de Báez y una cuarta de cortesía que realizó una oferta por arriba del 20 por ciento permitido, y fue descalificada”.

En este punto señaló que “es muy fácil deducir que no había competencia. En atención a que la competencia era ficticia, sin lugar a dudas la comisión de preadjudicación, Vialidad provincial, Vialidad Nacional, el secretario de Obras Públicas, y el ministerio de Planificación, debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta”.

Según el fiscal:

  • Una vez que fue adjudicada la obra a la empresa Gotti, se la cedió a Austral Construcciones, "burlando todos los principios de la licitación pública. La empresa ganadora adjudicataria cede el contrato sin más, y la administración pública lo permite".
  • “El pliego establecía el término de tres años para pavimentar 39 kilómetros, pero la obra se extendió 120 meses, a partir de reiteradas solicitudes de postergación de plazo que fueron convalidadas. Así y todo la obra no finalizó”.

Los otros ejemplos se refirieron a la repavimentación de 67 kilómetros de la ruta 281, por 93 millones de pesos; la pavimentación de 22 kilómetros de la ruta 40, por 121 millones de pesos; y el ripiado de 125 kilómetros en la ruta 9, por 200 millones de pesos.

  • Expuso prueba de cómo se repetía una competencia entre empresas ligadas a Lázaro Báez, más otras firmas que simulaban participar cometiendo errores, como presentar garantías incorrectas, u ofertas superiores a lo pautado por el pliego. Opinó que lo hacían adrede para quedar afuera del concurso.
  • Cuando adjudicaron el trabajo al Grupo Austral, durante la ejecución plantearon varias modificaciones de proyecto; no cumplieron los tiempos, incluso aplazaron de 3 a 9 años; o se excedieron de los montos previstos, requiriendo ampliación de presupuesto.

Tras ofrecer estos detalles, Luciani enfatizó que “a pesar de que sólo competían las empresas de Báez entre sí, no rechazaron las ofertas, no perdieron las garantías, no hubo sanciones, no hubo comunicaciones al registro”. Consideró que es la prueba de que existía “complicidad criminal”.

Por otra parte, reveló que unos días antes de la apertura de estos pliegos , Vialidad Nacional firmó un convenio con Vialidad Provincial en el que se comprometió a financiar una de las obras por 238 millones de pesos, que resultó la misma suma que ofertó Lázaro Báez.

Ante estos datos, Luciani afirmó que “esto nos muestra una connivencia inadmisible entre la administración que debe proteger los recursos del Estado con uno de los contratistas. Acá podemos sacar muchas conclusiones. O bien Báez conocía de antemano el monto exacto que se iba a financiar, o que el convenio fue firmado con fecha en blanco y después de la apertura consignaron el precio. No sabemos. Cualquiera de las hipótesis que nosotros podamos imaginar muestra un beneficio indebido a uno de los contratistas del Estado: Lázaro Báez”.

Para la fiscalía “esto era imposible que sucediera si no era porque la orden venía de un alto cargo del Poder Ejecutivo”.

Leyes a medida y plan organizado

En otro pasaje de su intervención, Diego Luciani explicó que la Ley de Obra Pública establece el marco regulatorio para las ejecuciones con fondos del Tesoro Nacional. Es decir, si se financia con dinero de la Nación se aplica la normativa de la Ley nacional, y cuando el dinero proviene de una provincia, se aplica la Ley provincial.

Por lo tanto, en las contrataciones analizadas debió tenerse en cuenta la legislación nacional porque todas fueron financiadas por el Estado Central.

Con este punto de partida, el fiscal develó que en 47 de las 51 obras analizadas se tomó en cuenta la Ley Provincial, hayan sido rutas provinciales o nacionales.

Luciani dijo que antes de las elecciones presidenciales del 2007, cuando Cristina Fernández se postulaba para suceder a Néstor Kirchner, el expresidente convocó 28 licitaciones públicas que resultaron a favor de Lázaro Báez.

También contó que en la primera licitación en que la empresa Austral se presentó sola, sin estar asociada a otras firmas, se otorgaron sólo 21 días para la presentación de las ofertas: “inexplicablemente esta licitación que tuvo un plazo de convocatoria inexistente tuvo un número récord de participantes; no era cualquier licitación, era importante hacer una buena puesta en escena para evitar cualquier planteo”.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola insistió en que "nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si los funcionarios que tenían que controlar hubiesen controlado. Esto no ocurrió de casualidad sino que fue un plan organizado".

Al plantear su parte del alegato apuntó contra Néstor Kirchner por haber modificado la normativa que regía en Santa Cruz para garantizar las maniobras de corrupción. Sostuvo que “se manejaban con tal impunidad que se pensaban que nadie se iba a fijar en lo que estaban haciendo. (...) El objetivo de las simulaciones de licitación era crear un canal para beneficiar a Lázaro".

En definitiva, el MPF se manifestó convencido de que existió “toda una estructura de funcionarios absolutamente funcionales a Lázaro Báez".

Con este criterio, el fiscal Luciani aseveró que “no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo más alto del poder ejecutivo".

Expresó que "está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias”.

Recordemos que en este juicio se investigan presuntas irregularidades en 51 obras viales a cargo del Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Los 13 procesados son la ex presidenta presidenta Cristina Fernändez, el titular de grupo empresario Austral Construcciones, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

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