Poder Judicial

Juicio Vialidad: Luciani acusó a Néstor y a Cristina Kirchner de montar un mecanismo de corrupción en la obra pública

El fiscal expuso pruebas del presunto plan para favorecer a Lázaro Báez. Destacó que inventaron una constructora para quedarse con dinero del Estado. También apuntó contra Máximo Kirchner.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani denunció direccionamiento en todos los contratos adjudicados a Lázaro Báez (Foto: archivo).

Causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani denunció "direccionamiento" en todos los contratos adjudicados a Lázaro Báez (Foto: archivo).

El fiscal Diego Luciani le dijo al Tribunal Federal Oral 2 (TOF 2) que “lo expuesto hasta el momento muestra de manera cruda y también triste, un sistema de corrupción montado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández, que convirtió los procesos licitatorios en una mera ficción, una apariencia, una excusa para extraer fondos del Tesoro nacional.”

Explicó que esta maniobra “privó a la ciudadanía de una sana competencia y concurrencia; que los posibles oferentes compitieran realmente; que el Estado nacional contratará al mejor oferente, al más eficiente al menor costo; que los procesos licitatorios y de ejecución fueran transparentes, limpios; que se estudiará y se seleccionara la mejor oferta, que se cuidarán los recursos del estado; que se diera la máxima publicidad para todos los interesados, así pudieran presentarse, informarse, competir libremente; que se respetara la igualdad entre los oferentes; qué se cumplieran los plazos de contratación; conocer la calidad y la cantidad real de lo utilizado; que se controlara el gasto de manera eficiente; que se pueda transitar libremente por las rutas que fueron abandonadas; que se respetaran los principios nacionales e internacionales en materia de contratación pública”.

Luciani aseguró que tiene la certeza de que “uno de los elementos del sistema creado para el direccionamiento fue inventar una constructora y apropiarse de otras constructoras”, porque según sostuvo “la falta de capacidad de Austral Construcciones era evidente para los imputados, tan evidente que en 47 licitaciones no se cumplió con la obligación de presentar el certificado para la adjudicación, algo que constituye un requisito ineludible, y cuya omisión debía sancionarse con la rescisión de los contratos.”

Agregó que “todos eran conscientes de esta opacidad y la falta de capacidad, por eso la administración parasitada autorizó cada una de las ampliaciones, extensiones y modificaciones de obras inventadas”. Remató que “no podía existir ninguna duda de que el plan era para beneficiar a Lázaro Báez.”

En el final de la audiencia, el fiscal afirmó que “a pesar de los incumplimientos nunca se multó, nunca se sancionó (...) lo que sucedió es que el Grupo Austral fue siempre una cáscara, fue el móvil del delito.”

Las pruebas del mecanismo

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola describieron el método que supuestamente utilizaron para que Austral Construcciones se quedará con los contratos de Vialidad, mostrando “apariencia de legalidad”.

Expusieron cómo se repetía en cada concurso lo que describieron como un “esquema de corrupción”, que simulaba competencia, opacando que Lázaro Báez compulsaba contra sí mismo y nadie lo controlaba.

Al describir cada proceso licitatorio insistieron en marcar que se publicaban con poca anticipación, participaban los mismos oferentes, la mayoría eran firmas del Grupo Austral, y siempre había una compañía “de cortesía” que hacía ofertas por encima de lo permitido, mientras que Lázaro Báez nunca superaba el 20 por ciento habilitado.

Detectaron irregularidades en los convenios de contratación, en la presentación de los proyectos, en la ampliación de presupuestos, en los permisos de extensión de plazos, y en el cumplimiento de las obras, que en muchos casos quedaron sin terminar.

Con la impronta de Luciani, y el tono firme de Mola, ambos reiteraron una y otra vez descripciones similares, con un propósito claro: fundamentar su teoría sobre el método que aplicaron los 13 procesados para “saquear” al Estado.

Diego Luciani dijo que a medida que avanzaba el tiempo “el mecanismo estaba aceitado y funcionaba a la perfección”. Además, aclaró cómo evadían los controles hasta que terminaban por firmar todos los convenios a favor de Báez.

Por su parte, Sergio Mola se ocupó de contar donde publicaban los anuncios de los concursos para evitar darle difusión y transparencia. Ejemplificó que salían durante un día en el boletín oficial y también en dos diarios. “En el diario La razón, en la sección de actualidad, debajo de un aviso de alquiler de inflables para niños, y en el Diario Popular, en la sección “Tiempo de jubilados”, entre avisos sociales, y al lado de dos publicaciones para resolver problemas de eyaculación precoz. Claramente no fueron publicaciones en los medios o secciones adecuadas donde un empresario pudiera estar buscando una oportunidad de negocios.”

Asimismo, Mola destacó que la vicepresidenta y el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, "estaban al tanto y daban las órdenes" vinculadas a los contratos de las obras públicas.

Luciani apuntó contra Máximo Kirchner y las “empresas de cortesía”

El MPF presentó obra por obra el análisis de los 51 procesos licitatorios que beneficiaron al Grupo Austral. Cuando llegó al último contrato, el fiscal Luciani reveló nuevos mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José López, esta vez a Máximo Kirchner, y señaló al hijo de la ex presidenta como el “intermediario” para asegurarse que el contrato de pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos quedará a cargo de Lázaro Báez.

Los chats de López incluyen conversaciones con el diputado provincial Matías Bezi, amigo de Máximo, preguntándole si “había hablado con Maxi y si había decidido cuál sería la ubicación de las 100 cuadras”. López le respondió que se iba a reunir con Roberto para definirlo, en referencia a Roberto Gómez, uno de los responsables de Austral Construcciones.

En otras comunicaciones entre López y el hijo de la vicepresidenta, el ex funcionario arrepentido le avisó que tenía el trabajo y las fotos de las obras en la provincia, quería hablar del video de las represas, y sobre el proyecto del Lago Ortíz.

A su vez, con los mensajes entre López y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, el fiscal quiso revelar que hubo intercambios que “mostraron que Máximo Kirchner recorría las obras con Matías Bezi, y tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz.”

Para Diego Luciani quedó demostrado que Máximo Kirchner “no ocupaba ningún cargo público, pero tenía intervención y conocimiento sobre lo que se licitaba en la provincia a favor de Báez”.

Durante las tres jornadas, los fiscales también se refirieron a la repetición constante de los oferentes en cada proceso licitatorio, con dos o más empresas del Grupo Austral y alguna otra externa, a las que llamaron “de cortesía”.

Se trata de firmas que hacían fracasar su participación en los concursos, supuestamente a propósito, para abrir el camino a las propuestas de Báez. Mencionó a las compañías Petersen y Esuco.

En este sentido, anticipó que solicitará la extracción de testimonios para que se investigue a las empresas que, según su hipótesis, contribuyeron a mantener las licitaciones ficticias.

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