En la presentación, el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que castigar al país afectaría la reciprocidad judicial y las relaciones entre ambas naciones.
Estados Unidos respaldó a la Argentina y pidió que no declaren el desacato.
El gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska para oponerse al pedido de los fondos que demandan a la Argentina por la expropiación de YPF. La intervención busca frenar la solicitud de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas millonarias.
La presentación, realizada por el Departamento de Justicia estadounidense en un documento de 29 páginas, advierte que los litigios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos pueden tener consecuencias directas en la política exterior y en la reciprocidad judicial entre países.
Según el escrito, “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior”, y también afectar el trato que reciba Washington ante los tribunales de otras naciones.
El gobierno norteamericano también resaltó los esfuerzos realizados por la Argentina durante el proceso de “discovery”, la etapa de intercambio de pruebas. En ese sentido, destacó que el país cumplió con requerimientos para entregar documentación, incluso cuando estos implicaban pedidos sensibles vinculados a comunicaciones de altos funcionarios.
El documento señaló que algunos de esos requerimientos resultan incompatibles con los principios de cortesía internacional y reciprocidad que rigen los litigios contra Estados soberanos.
En ese marco, el Departamento de Justicia concluyó que el pedido de sanciones por desacato, multas y medidas adversas no se ajusta a la legislación estadounidense ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), por lo que recomendó que sea rechazado por el tribunal.
El conflicto judicial se centra en la etapa de discovery, donde los beneficiarios del fallo, liderados por el fondo Burford Capital, acusan a la Argentina de incumplir órdenes judiciales.
Los demandantes pidieron que el país sea declarado en desacato y que se aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue información considerada clave. Entre los datos solicitados figuran comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.
El fondo sostiene que la Argentina no cumplió con la entrega de información “off-channel”, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de exfuncionarios y funcionarios actuales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.
Además, argumentan que el país utilizó maniobras dilatorias para evitar la identificación de activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
También solicitaron una “orden de preclusión” para que el tribunal considere que entidades como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus bienes.
Según la postura de los fondos, una multa diaria sería la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
La defensa sostiene que existen límites constitucionales y legales para entregar información sensible, en especial la relacionada con activos protegidos por la inmunidad soberana.
Uno de los puntos más sensibles es la localización de las reservas de oro del Banco Central. La Argentina reiteró que el BCRA es una entidad autárquica e independiente, y que el Tesoro no tiene acceso a esa información.
En este sentido, se presentó una declaración jurada del secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, donde se advierte que revelar estos datos pondría en riesgo la política monetaria y la seguridad financiera del país.
En paralelo, la Argentina solicitó suspender el discovery, pedido que fue rechazado por la jueza Preska. Actualmente, el Estado apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
