La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina para frenar el proceso de investigación patrimonial en la causa por YPF, mientras el fondo Burford Capital intensifica la presión para que el gobierno de Javier Milei negocie.
La jueza federal estadounidense Loretta Preska volvió a pronunciarse contra la Argentina en la causa vinculada a la expropiación de YPF al rechazar el planteo oficial que buscaba frenar el “discovery”, la fase destinada a rastrear activos embargables y relevar el patrimonio estatal.
La resolución mantiene la presión de Burford Capital para forzar una negociación con la administración de Javier Milei. El fondo intenta convencer al Gobierno de que un acuerdo sería más conveniente que continuar el litigio, con la advertencia de que la disputa podría obstaculizar el regreso del país a los mercados de deuda y afectar su respaldo político.
Desde la Procuración del Tesoro Nacional, encargada de la defensa estatal, anticiparon que apelarán la decisión en Nueva York y solicitarán un “stay” para suspender los efectos. La postura oficial sostiene que no existen puntos de consenso con los demandantes y que el país ya entregó documentación suficiente sin que surgieran pruebas que respalden las acusaciones.
El proceso de discovery fue impulsado por los beneficiarios del fallo multimillonario, entre ellos las sociedades ligadas a las quiebras de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, todos financiados por Burford. Los demandantes buscan identificar bienes ejecutables, incluido el oro del Banco Central y activos de compañías públicas como Energía Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Arsat.
También accedieron a comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios para intentar demostrar que esas firmas actuaban como “alter ego” del Estado, es decir, como extensiones directas del poder político en decisiones empresariales, algo que hasta el momento no logró probarse.
El pronunciamiento de Preska se conoció mientras se aguarda el fallo de la Corte de Apelaciones sobre la sentencia principal, dictada en septiembre de 2023, que condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses. Se estima que esa definición podría llegar en cualquier momento del primer semestre, tras la audiencia celebrada a fines de octubre pasado. Luego, el caso podría escalar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si alguna de las partes decide continuar.
Para Burford, el litigio por YPF es su activo más relevante. En sus balances internos lo valora en más de 1.500 millones de dólares, cifra contable que no refleja necesariamente el monto real recuperable pero que representa una porción significativa de su cartera global.
En años recientes, ex directivos del HSBC encabezados por Gerardo Mato realizaron gestiones en el país para explorar alternativas de arreglo y explicar el esquema financiero del reclamo, aunque sin resultados concretos.
El próximo 26 de febrero, Burford difundirá su balance trimestral y se espera que su director ejecutivo enfrente consultas de inversores sobre el avance del caso, el estado del discovery y las perspectivas de cobro.
