La Aduana denunció a empresas por importaciones mediante "cesión de cautelares" y Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia
La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció este lunes ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una maniobra de importación por parte de una empresa sin el requisito de validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que luego "cedió" la autorización a otra firma.
Tras conocerse esa noticia, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia: "¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible", escribió Cristina en su cuenta de Twitter.
Así, la exmandataria volvió a apuntarle a empresarios y jueces. Ya lo había hecho cuando apuntó contra las cautelares para importar al habló de un festival de importaciones y señaló que los principales problemas son la escasez de dólares y la economía bimonetaria.
La Aduana denunció, en un escrito presentado el viernes 15 de julio, que Yoko SA no utilizó la "cautelar" en los términos que la obtuvo y que "transfirió" la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea SA.
Para esto, la Aduana expuso ante la Justicia una simulación de Yoko mediante una "contrato" de autorización para comercializar la marca "Tropea" solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, en el período en el que la mercadería debía ser nacionalizada con el SIMI preautorizado por Yoko.
De esta forma interpretan que "Yoko le "alquiló" la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). Yoko funcionó como una usina de SIMI", denuncia el organismo.
"La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado" señalo Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas.
Luego de la detección de la maniobra, se bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.