La Cámara de Diputados buscará aprobar el proyecto contra el lavado de activos. (Archivo)
La Cámara de Diputados buscará debatir este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos, que recibió ayer dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la cámara baja.
La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, en tanto, la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal anticiparon que no firmarían ese despacho y confluyeron en un dictamen de minoría propio.
A pedido del oficialismo, el proyecto será debatido hoy en una sesión especial convocada para las 11, donde se discutirán además otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorización para la entrada y salida de tropas para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.
El proyecto fue debatido en el marco del plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (FdT); y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), que no estuvo presente por estar con problemas de salud.
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Entre otras cuestiones que se incorporaron al proyecto original, se acordó aumentar el monto de la condición objetiva de punibilidad de $ 300.000 a $ 8.600.000 y se estableció implementar como unidad de medida el Salario Mínimo Vital y Móvil a los fines de su actualización periódica, a la vez que se incorpora la pena de multa y se suprime pena de prisión.
Asimismo, el texto incorpora el concepto de operación inusual y sospechosa, de conformidad con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del GAFI, y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También, según el oficialismo, el proyecto es de vital importancia para atender la problemática de la narcocriminalidad, procedente del lavado de activos, a partir de la creación del Registro Público de Beneficiarios Finales, para conocer quiénes se encuentran detrás de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).
