En aquel fallo, el tribunal estableció un decomiso de $84.835.227.378,04 por los perjuicios ocasionados al Estado y dispuso que el monto se actualizara una vez que la condena quedara firme.
Ese escenario se concretó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la sentencia en noviembre de 2024 y, posteriormente, la Corte Suprema rechazara en junio de 2025 los recursos extraordinarios de las defensas y del Ministerio Público Fiscal.
Con la condena firme, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte actualizó el monto utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado elevó el decomiso a $684.990.350.139,86.
Los planteos que rechazó la Corte
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto fijado en la sentencia original tenía carácter provisorio y cuestionó que la actualización se hubiera realizado mediante el IPC.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez argumentó que el Tribunal Oral Federal N° 2 no era el órgano competente para ejecutar el decomiso y que esa tarea debía recaer en el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó en la causa conocida como "Ruta del Dinero K".
Ambos planteos ya habían sido rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
Ahora, la Corte Suprema volvió a desestimarlos al considerarlos inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo que quedó firme la actualización del decomiso por casi $685.000 millones.