A horas del vencimiento del plazo para pagar $684 mil millones, la ex presidenta cuestionó el accionar judicial. El tribunal había establecido como fecha límite este miércoles.
Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes
Cristian Kirchner solicitó dejar sin efecto la medida de la ejecución de sus bienes y anular la decisión del tribunal por el caso Vialidad. Esta presentación por escrito de la ex presidenta se da a pocas horas de que venza el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal N°2 para el decomiso de $684 mil millones en concepto de perjuicio al Estado.
La ex presidenta, además de solicitar la suspensión del fallo, cuestionó a los fiscales de la causa y defendió la legitimidad de su evolución patrimonial. En tanto, también se expresó en contra del elevado monto que es exigido por la Justicia.
El tribunal había establecido como fecha límite este miércoles a las 9:30 para que los condenados en el caso —que investiga la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz— depositaran en una cuenta judicial el monto equivalente a 537 millones de dólares.
Entre los condenados se encuentran, además de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
La cifra de $684 mil millones surge de una actualización realizada por peritos de la Corte Suprema, en base a los 85 mil millones de pesos establecidos en el veredicto de diciembre de 2022. Para ello se aplicó el índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Según el fallo, el decomiso de bienes se considera una “determinación fehaciente del daño producido al erario público”, calificado como provecho de un grave hecho de corrupción registrado entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
El martes, Cristina Kirchner y sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, respondieron a la intimación del tribunal. Cuestionaron que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hayan elaborado un listado de bienes para ejecutar sin, según ellos, realizar una investigación patrimonial que pruebe con certeza cuáles pueden ser decomisados bajo el artículo 23 del Código Penal.
En el escrito, la ex mandataria afirmó: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o provecho del episodio por el que se dictó condena”.
Kirchner sostuvo que “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”.
Para la defensa, la orden judicial y el cálculo del monto “estuvieron viciados desde un principio” y responden a un esquema “confiscatorio” contrario al derecho vigente.
En su presentación, la expresidenta señaló: “Esta regresión normativa nos reconduce a prácticas inquisitivas y totalitarias, transformando el proceso en un mecanismo de persecución con rasgos estrictamente confiscatorios”.
Además, calificó lo actuado como un “verdadero disparate jurídico” que se aparta del sistema legal vigente y advirtió que, de concretarse, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de garantías convencionales.
