La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
Por esos hechos también fueron condenados Pedro Báez, quien se desempeñaba como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, y Aguilera. Ambos recibieron penas de seis años de prisión.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná había condenado a Urribarri el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. (Foto: archivo)
Urribarri estuvo al frente del Gobierno entrerriano entre 2007 y 2015 por el kirchnerismo y posteriormente fue designado embajador argentino en Israel.
Qué resolvió la Corte Suprema
El máximo tribunal consideró que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”, de acuerdo con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Esa norma permite a la Corte rechazar recursos de apelación cuando considera que no existe una cuestión federal suficiente que justifique su intervención, sin necesidad de desarrollar mayores fundamentos.
Lorenzetti incorporó una aclaración en su voto y citó el precedente “Vidal” para señalar que el rechazo de un recurso mediante esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
La resolución de la Corte también alcanzó a los otros seis condenados en la misma causa que habían presentado recursos de queja ante el máximo tribunal. Se trata de Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Juan Pablo Aguilera, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez.
Todos los planteos fueron rechazados por la Corte Suprema.
El antecedente de su detención
El exgobernador ya había pasado por prisión. En noviembre de 2024 permaneció detenido durante 50 días después de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenara su captura ante el temor de que intentara frustrar el proceso.
Esa medida fue revocada en enero de 2025 y, desde entonces, Urribarri aguardaba en su domicilio la resolución definitiva sobre su situación judicial.
Con el fallo de la Corte Suprema, la condena quedó firme y la Justicia de Entre Ríos deberá disponer ahora el cumplimiento efectivo de la pena.