Passerini negó un pedido de prórroga por ocho años para que Dioxitek siga operando en el barrio de Alta Córdoba y con su decisión pone en riesgo decenas de puestos de trabajo y abre la puerta al cierre de una actividad clave para el sector nuclear.
Daniel Passerini, intendente de Córdoba.
La política de gestión urbana del intendente Daniel Passerini quedó en el centro de una fuerte controversia tras calificar como “inadmisible” el pedido de prórroga por ocho años para que Dioxitek S.A. continúe operando en el barrio de Alta Córdoba. La discusión no se limita a una habilitación administrativa: detrás de la decisión hay 150 puestos de trabajo calificados cuyo futuro permanece incierto.
Lo que genera mayor preocupación es que la negativa municipal se produce en un contexto de tensión entre el municipio y el Gobierno Nacional por el recorte de fondos, y sin que exista una alternativa concreta para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. El debate, así, excede lo técnico y se instala en el terreno político.
Para dimensionar el impacto de un eventual cierre, es necesario comprender el rol que cumple la empresa. Dioxitek S.A. es una sociedad anónima con participación estatal —integrada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Ministerio de Economía y la provincia de Mendoza (1%)— y es la única instalación del país con capacidad para purificar uranio y convertirlo en dióxido de uranio.
Ese insumo es fundamental para la fabricación de las pastillas combustibles que alimentan los reactores de las centrales nucleares argentinas: Atucha I, Atucha II y Embalse.
Sin la producción de la planta ubicada en Alta Córdoba, el ciclo del combustible nuclear local quedaría interrumpido, lo que obligaría al país a importar material procesado desde el exterior. En un sector donde Argentina ha construido reconocimiento internacional por su desarrollo tecnológico y capacidad de exportación, el debate sobre la continuidad de la planta impacta también en términos de soberanía energética.
Durante 2025, la empresa alcanzó un récord de producción de 190 toneladas, un dato que desde el sector destacan para subrayar que la discusión no gira en torno a su rendimiento técnico, sino a su situación administrativa y política.
Más allá de los argumentos institucionales, el conflicto tiene un costado humano concreto. Los 150 empleados de la planta son, en su mayoría, profesionales altamente capacitados: químicos, técnicos nucleares y especialistas en procesos de seguridad radiológica industrial. Se trata de perfiles específicos cuya reinserción laboral no resulta sencilla fuera del sector.
Desde el ámbito gremial y empresarial advierten que un eventual cierre no implicaría una simple reorganización interna, sino la disolución definitiva de la actividad en Córdoba. Además de los empleos directos, la planta sostiene una red de pymes proveedoras en Córdoba y Mendoza que dependen de su operatoria.
En ese marco, la incertidumbre crece entre los trabajadores, que observan cómo la discusión pública se concentra en la pulseada política mientras su continuidad laboral permanece sin definiciones.
El planteo municipal sostiene que la planta debe relocalizarse en la provincia de Formosa. Sin embargo, uno de los puntos centrales del debate es que la instalación alternativa aún no estaría finalizada. El pedido de prórroga por ocho años apunta, según la empresa, a contar con el tiempo técnico necesario para concluir las obras en el norte del país y realizar una transición progresiva.
Al rechazar esa extensión, el municipio presiona por un cese de actividades que podría concretarse antes de que la nueva planta esté en condiciones operativas. Desde la empresa señalan que una mudanza inmediata no resulta viable desde el punto de vista técnico ni logístico.
Por su parte, el Ejecutivo municipal sostiene que la permanencia de la actividad en Alta Córdoba resulta incompatible con la planificación urbana actual. La planta funciona en el mismo predio desde hace décadas y opera bajo las regulaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo encargado de supervisar este tipo de instalaciones.
El cruce entre el municipio y la empresa expone un conflicto donde se superponen planificación urbana, política energética y empleo calificado. Para la gestión de Daniel Passerini, la prioridad es avanzar con el traslado; para la compañía y sus trabajadores, la prórroga es la única vía para evitar un cierre abrupto.
Mientras tanto, el barrio de Alta Córdoba se convierte en escenario de una discusión que trasciende lo local y se proyecta sobre el modelo energético nacional. La resolución que finalmente se adopte no solo definirá el destino de una planta industrial, sino también el futuro laboral de 150 familias y el lugar que ocupa la producción de combustible nuclear dentro de la estrategia argentina.
