El plenario de comisiones resolvió realizar dos jornadas de debate el 25 y 26 de marzo antes de avanzar con el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que modifica la Ley 26.639.
La Cámara de Diputados estiró el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares y postergó los tiempos que pretendía el oficialismo. Tras un pedido de la oposición para ampliar la participación, el plenario de comisiones resolvió convocar a dos audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo antes de avanzar con el dictamen del proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que redefine el alcance de las zonas protegidas en áreas glaciares y periglaciares.
La reunión conjunta contó con la presencia del secretario Parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, y sirvió para acordar el esquema de debate. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial y apunta a habilitar determinadas actividades productivas en sectores que hasta ahora permanecían restringidos.
El plenario es conducido por Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales, junto a José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Al abrir el encuentro, Peluc invocó el artículo 114 bis del reglamento de Diputados y propuso formalizar la convocatoria a audiencias públicas en línea con el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho a la participación ciudadana en decisiones ambientales.
Mayoraz detalló que la primera jornada será presencial, de 10 a 19, en la sala A del Anexo C de la Cámara baja, mientras que la segunda se realizará de manera remota para asegurar la participación federal. El oficialismo prevé que, una vez concluidas las audiencias, se firme dictamen entre el 7 y el 8 de abril, luego del receso por Semana Santa.
En representación de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, planteó que “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias, sobre todo donde están comprometidas las cuencas hídricas”.
Desde Unión por la Patria (UxP), Sabrina Selva, afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, pero observó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante” las mismas. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, manifestó.
A su turno, Silvana Giudici (LLA) indicó que “el proceso que se propone es amplio y está debidamente informado tal cual pide el artículo 7 del Acuerdo de Escazú”.
En contraposición, Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad) sostuvo que “lo mejor que puede hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que hizo el Senado es verdaderamente una catástrofe”.
Por último, Juan Grabois (UxP) pidió que “todas las comunidades indígenas registradas en el INAI que estén en zona de glaciares y periglaciares tienen que tener garantizada su participación”.
