Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola remarcaron que los episodios registrados, especialmente el 24 de marzo, podrían afectar el orden público y derivar en la revocación del beneficio de la prisión domiciliaria.
La mandataria cumple prisión domiciliaria en San José 1111, donde varias veces la militancia se acerca a saludarla. (Foto: prensa La Cámpora).
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal que supervisa la ejecución de la condena en la causa Vialidad que inste a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a evitar situaciones que puedan afectar el orden público y la seguridad en las inmediaciones de su domicilio, donde cumple arresto domiciliario.
El planteo del Ministerio Público Fiscal sostiene que algunos episodios registrados frente a la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, no se ajustan a las condiciones establecidas al concederse el beneficio de la prisión domiciliaria. La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En el escrito, los fiscales señalaron que determinadas convocatorias y movilizaciones en la zona deberían ser evaluadas por el tribunal, en especial lo ocurrido el 24 de marzo, cuando militantes y vecinos se concentraron frente al domicilio de la exmandataria, en reclamo por su libertad. Según la fiscalía, ese tipo de reuniones no deberían repetirse porque podrían entrar en conflicto con las reglas fijadas para la prisión domiciliaria.
Cristina Fernández de Kirchner cumple la condena desde el 15 de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en la causa Vialidad. La resolución incluyó la pena de prisión por seis años, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 685.000 millones de pesos, que debe afrontarse de manera solidaria con otros condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 el tribunal le concedió el arresto domiciliario bajo determinadas condiciones. Entre ellas, la obligación de "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".
Esa pauta fue reiterada en los controles periódicos realizados por el TOF 2, con resoluciones dictadas en septiembre y diciembre de 2025, y en marzo de este año. Hasta ahora, el tribunal consideró en general cumplidas las reglas, salvo una modificación adoptada el 19 de noviembre, cuando se detectó el ingreso de personas al domicilio sin autorización previa.
No obstante, el Ministerio Público advirtió que existen nuevas circunstancias que deben ser analizadas. “Entendemos que, en cumplimiento de nuestro deber de velar por la legalidad del proceso, corresponde poner de manifiesto ciertas circunstancias que ameritan ser ponderadas por el Tribunal”, sostuvieron.
Los fiscales afirmaron que, según publicaciones en medios y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido "totalmente espontánea". Indicaron que "al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu propio se autoconvocaron en el domicilio" de la ex mandataria de la concentración, y acompañaron imágenes y registros del llamado que hicieron agrupaciones políticas.
“Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, planteó la fiscalía sobre la seguridad persona de la ex presidenta, que sufrió un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022.
En ese sentido, consideraron que la situación permite advertir una modificación en la dinámica habitual de la zona, en contradicción con los fundamentos que motivaron la concesión del beneficio.
Por último, el Ministerio Público solicitó que el tribunal exhorte formalmente a Cristina Fernández de Kirchner a adoptar medidas para evitar que se repitan episodios similares. En el escrito pidieron que se la intime a que, en lo sucesivo, adopte "medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”.
