Una jueza federal de San Martín aceptó el planteo de un gremio y suspendió la eliminación del organismo por seis meses al considerar que ponía en riesgo la estabilidad laboral de los empleados. Los detalles.
La Justicia frenó el decreto de Milei que disolvía Vialidad Nacional.
Una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, suspendió por seis meses el decreto con el que el Gobierno dispuso el cierre de Vialidad Nacional. El presidente Javier Milei había decidido el 8 de julio pasado disolver el organismo.
La decisión judicial impide al Poder Ejecutivo realizar despidos, traslados o reubicaciones del personal afectado. La resolución fue tomada tras un planteo del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín. Según el texto judicial, el Ejecutivo deberá “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 461 del 8 de julio de 2025”.
En su resolución, la magistrada sostuvo que en el caso se dan los dos requisitos para dictar una medida cautelar: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. “Dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, consideró la magistrada.
La jueza remarcó que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″, y que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, “la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
Por lo tanto, el decreto emitido por el gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”, aseguró Forns.
La jueza tuvo en cuenta también la posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria, derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.
“En esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, concluyó la titular del juzgado.
El Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar el fallo para que la Cámara Federal de San Martín revise la medida. De hacerlo, la suspensión del decreto quedará en suspenso hasta que el tribunal superior defina si ratifica o revoca la decisión tomada por Forns.
Mientras tanto, por decisión judicial, el decreto 461 y sus efectos administrativos quedan paralizados. Ningún trabajador podrá ser trasladado, despedido ni pasado a disponibilidad como parte del proceso de disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
Manuel Adorni había anunciado el pasado 7 de julio que el Presidente firmó el decreto para eliminar la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos del área estatal. “Este organismo se creó para simplificar la corrupción”, dijo el vocero en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
El decreto firmado busca que el Ministerio de Economía sea el nuevo responsable directo del sistema troncal de caminos nacionales, en reemplazo de la Dirección Nacional de Vialidad. Sus fondos, activos y personal serán transferidos a la cartera económica, que también podrá delegar funciones en otras jurisdicciones.
Tras su disolución, el organismo distribuirá sus funciones entre la nueva agencia y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas, pero todo ahora quedó frenado por el amparo aceptado por la Justicia.
