El gremio de trabajadores viales impulsó una acción judicial contra el Decreto 461/25, al considerar que vulnera derechos laborales y afecta servicios esenciales.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, presentó una acción de amparo para que se declare inconstitucional el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto por el Decreto Delegado 461/25 del presidente Javier Milei. La presentación judicial, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23, a cargo de la jueza Marta Rey. El decreto también fija el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros.
Según el documento, el decreto constituye una “aniquilación de los organismos estatales” y vulnera la permanencia en el empleo y la estabilidad de los trabajadores públicos. El gremio considera que la disolución de Vialidad afecta directamente la seguridad vial, los avances tecnológicos y la protección de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.
“El apresuramiento en imponer este desguace del aparato estatal genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT”, se señala en la presentación judicial, que también menciona “la falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores” en funciones clave para los servicios públicos.
El sindicato advirtió sobre una “seguidilla in crescendo de accidentes viales” como consecuencia del abandono y recorte presupuestario en obras públicas vinculadas a la red vial nacional. Según la presentación, esta situación compromete “la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como la integridad de los medios de transporte y las mercancías producto de las economías regionales”.
Aleñá y Barcesat denunciaron que la medida se inscribe en “un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación”, lo que a su juicio implica “la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional”.
Los firmantes también establecieron una continuidad histórica con otras políticas de ajuste estatal, al vincular el decreto con “las mismas y fracasadas políticas económicas e institucionales del Estado terrorista, entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, proseguidas bajo la gestión macrista”.
El texto concluye con un llamado al Poder Judicial para garantizar la supremacía constitucional. “Se les recuerda a los jueces del Poder Judicial de la Nación que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 C.N. y art. 3º, Ley 27)”, afirmaron los impulsores del amparo, quienes reclaman que se ejerza el control de legalidad sobre los actos del Poder Ejecutivo.
