La Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir una cautelar sobre el financiamiento universitario

Por qué la Justicia sancionó al Gobierno

El conflicto judicial se originó por la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades nacionales y actualizar los fondos destinados a los estudiantes.

La normativa dispone que los salarios del personal docente y no docente deben recomponerse de acuerdo con la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025.

Según los cálculos incorporados al expediente, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025. A su vez, la legislación contempla ajustes mensuales vinculados con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida cautelar también obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la recomposición de los recursos para las becas estudiantiles, otro de los puntos cuestionados por las autoridades universitarias.

El Gobierno había presentado documentación para sostener que estaba cumpliendo con las obligaciones, con argumentos relacionados con los incrementos salariales y las negociaciones paritarias. Sin embargo, el magistrado concluyó que no se había demostrado el cumplimiento integral de la medida.

Antes de imponer la sanción, Cormick había intimado al Ejecutivo a regularizar la situación en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente, concedió una prórroga por otros cinco días, pero el CIN insistió en que las obligaciones continuaban pendientes.

Qué puede pasar con la multa y el fallo sobre las universidades

La sanción contra Santilli se instrumentó mediante astreintes, multas económicas que la Justicia utiliza para exigir el cumplimiento de una resolución.

En este caso, los $100.000 diarios buscan que el Ejecutivo ejecute las actualizaciones establecidas en la cautelar. El juez dejó abierta la posibilidad de incrementar la cifra si considera que la sanción resulta insuficiente.

Mientras tanto, el conflicto judicial por el financiamiento universitario continúa en dos instancias diferentes. Por un lado, la medida cautelar sobre salarios y becas permanece vigente. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya la había confirmado y la Corte Suprema rechazó, el 25 de junio, un recurso extraordinario presentado por el Estado.

Por otro lado, la Cámara todavía debe resolver una apelación del Gobierno contra una sentencia de Cormick que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo condicionaba la implementación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

Esa discusión corresponde al fondo del conflicto y no suspende la obligación de cumplir con la cautelar.

De esta manera, el Gobierno quedó nuevamente bajo presión judicial para aplicar las disposiciones de la ley de Financiamiento Universitario, mientras la multa diaria contra el jefe de Gabinete busca acelerar la ejecución de las medidas pendientes.