La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, dispuso peritar el celular que entregó Jésica Cirio y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos recientes.
La Justicia intenta establecer si el vestidor que aparece en los videos difundidos públicamente corresponde a la vivienda que Martín Insaurralde posee en el country Fincas de San Vicente. (Foto: archivo).
La Justicia federal ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Entre ellas, dispuso una inspección en la casa que posee en un barrio privado de San Vicente y el peritaje del teléfono celular entregado por su ex esposa, la conductora Jésica Cirio.
La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola. El objetivo de la inspección es determinar si las imágenes difundidas públicamente en las que se observa a Cirio filmando fajos de dólares en cajas, bolsos y valijas fueron registradas en la vivienda ubicada en el country Fincas de San Vicente.
Las grabaciones se convirtieron en una prueba clave dentro del expediente que investiga el patrimonio de Insaurralde. Sin embargo, los investigadores sospechan que el vestidor que aparece en los videos pudo haber sido modificado o incluso removido, por lo que también se ordenaron otras medidas para reconstruir cómo era la propiedad.
En ese marco, fueron citados a declarar los efectivos policiales y los testigos que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023. La intención es que describan cómo estaba distribuida la vivienda durante aquel procedimiento y si el espacio observado entonces coincide con el que aparece en las imágenes difundidas por los medios.
Según consta en el acta de aquel allanamiento, los agentes encontraron un "ambiente tipo vestidor". No obstante, el procedimiento no arrojó elementos relevantes para la investigación. En el documento también se dejó constancia de que la vivienda presentaba indicios de no estar habitada, ya que gran parte del mobiliario permanecía "tapado con telas".
Ante la posibilidad de que se hayan realizado reformas posteriores, la Justicia también ordenó a Gendarmería Nacional obtener los registros de ingreso y egreso del barrio privado correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y enero de 2023. La medida apunta a verificar si en la propiedad trabajó personal vinculado a tareas de construcción o remodelación.
Por otra parte, Armella dispuso el peritaje del iPhone modelo 17 A 3523 entregado por la defensa del Cirio en el juzgado junto con la clave de acceso. El análisis buscará recuperar fotografías, videos, historial de navegación, contenido de aplicaciones y cualquier otro archivo que pueda resultar de interés para la investigación.
La misma medida alcanzará a una tablet, un iPad y cuatro pendrives secuestrados durante el allanamiento realizado el domingo en el departamento de la modelo, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. También serán examinadas seis tarjetas de memoria que contienen registros de las cámaras de seguridad del inmueble.
Los investigadores intentarán reconstruir los movimientos registrados en el departamento durante los últimos meses, identificar a las personas que ingresaron o salieron del lugar y determinar si existieron traslados de bolsos, dinero u otros elementos de interés antes de la llegada de la fuerza policial.
La causa se originó tras el viaje que Insaurralde realizó en septiembre de 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete bonaerense. Desde entonces, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, titular de la PROCELAC, impulsan una investigación sobre la evolución patrimonial del ex funcionario y de personas de su entorno, sospechadas de actuar como presuntos testaferros.
En ese contexto, este miércoles declaró como testigo Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la vivienda de San Vicente. Según fuentes con acceso al expediente, el profesional afirmó que firmaba balances en bares cuando le acercaban la documentación y que nunca auditó ni verificó la información contable de la compañía.
También sostuvo que terceros utilizaron sus claves fiscales para presentar declaraciones juradas ante la entonces AFIP y aseguró que jamás tuvo contacto personal con Insaurralde. Su testimonio quedó incorporado a la investigación.